El proceso judicial sobre el caso SONAVI ha dado un giro inesperado. El expediente de los 48 millones de francos CFA, que hasta ahora se atribuía al grupo de exempleados de SONAVI que prestaba servicios en Exxon Mobil, en realidad correspondían a otro colectivo de extrabajadores administrativos de la empresa, según se ha revelado en la última audiencia desarrollada el lunes, 29 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 1 de Malabo.
La confusión surgió después de que el representante de este grupo asegurara en la sesión anterior haber entregado el dinero a los beneficiarios; una declaración que fue difundida por los medios informativos. A raíz de ello, varios exempleados del grupo de Exxon Mobil acudieron al juzgado para denunciar que nunca habían recibido ni un franco de su liquidación.
Ante la sorpresa y polémica, el juez instructor convocó a las partes involucradas, incluido José Nseng, exabogado de SONAVI y principal investigado en la supuesta trama de apropiación indebida. A la cita también asistieron el letrado de la empresa, Anselmo Moro; la representación letrada de los 11 exempleados administrativos, quienes habrían recibido los 48 millones; y el abogado del grupo de los 14 exempleados de Exxon Mobil. En esta jornada, se ha revelado que los 48 millones no correspondían al expediente de la sentencia del grupo de Exxon Mobil, sino a los 11 exempleados administrativos de la misma empresa.
El Juez ha exigido explicaciones primero a José Nseng, para esclarecer este dilema y saber del porqué desde el inicio del caso se habló de los expedientes de Exxon Mobil y ARAMAR, cuando los 48 millones correspondían en realidad a otro grupo de extrabajadores. El exabogado alegó que en efecto, una sentencia de la Magistratura de Trabajo de 2018 reconocía el derecho de los 11 exempleados administrativos de SONAVI: Secretarias, Supervisores e Inspectores y no de los ex trabajadores de Exxon Mobil; añadiendo que en total se analizaron cuatro expedientes de liquidación: el del grupo de ARAMAR, el de Exxon Mobil, el de los Administrativos y el de Hermenegildo Mba Obiang Nchama. Y, dos de esos expedientes fueron autorizados: el de 13 millones de ARAMAR, cuya sentencia se produjo en 2013 y el de 48 millones de los exempleados Administrativos de SONAVI.
El grupo beneficiario fue representado por un abogado distinto, quien se habría encargado de distribuir el dinero tras su libramiento en metálico. El abogado, Anselmo Moro de la empresa SONAVI, ha secundado esta versión y ha explicado que el expediente de Exxon Mobil quedó paralizado de forma provisional, porque solo contaba con un auto, sin la misma sentencia firme de la Magistratura de Trabajo. Lo mismo ocurrió con el expediente de Hermenegildo Mba Obiang Nchama, que también prestó servicios en SONAVI a través de Mobil, y cuya situación debía abordarse junto al caso principal. Por su parte, el representante de los 11 ex empleados administrativos ha subrayado que sus defendidos no tienen relación alguna con el expediente de Exxon Mobil, que la sentencia fue debidamente ejecutada y que ninguno de ellos ha presentado denuncias. En cambio, el abogado de los 14 exempleados de Exxon Mobil ha recalcado que su grupo sigue sin recibir ningún pago, confirmado toda las versiones anteriores.
Hermenegildo Mba Obiang Nchama, fue más allá y aseguró que José Nseng lo contactó este mismo mes de septiembre, días antes de que estallara el caso, para citarlo con el fin de cobrar una liquidación en un Bar. Según su testimonio, se le pidió acudir con su abogada, su copia de identificación y sin tener certeza de qué expediente se trataba realmente. El Juez de Introducción Número 1, ha expresado su sorpresa por el hecho de que esta información no se aclarara desde el inicio del proceso; ya que durante todo este tiempo se ha creído que el expediente de los 48 millones correspondía a los exempleados de Exxon Mobil, siendo que no era así. Por ello, ha reprochado a José y Magín por no haber aclarado este extremo desde el primer día, lo que ha creado confusión y retraso en la investigación.
Este episodio pone de relieve la importancia de ofrecer información clara y precisa desde el inicio de cada etapa de un proceso judicial, no sólo para garantizar una orientación justa para las partes, sino también evitar confundir a la opinión pública sobre un asunto tan sensible como el destino de los 48 millones de F.CFA.
La instrucción del caso continúa centrada ahora en el análisis de los recibos de pago correspondientes a los 11 exempleados administrativos de SONAVI. El objetivo del tribunal es esclarecer definitivamente quiénes fueron los beneficiarios reales de los fondos y descartar cualquier indicio de irregularidad o delito en la ejecución de la sentencia, mientras que el expediente de los 13 millones del grupo ARAMAR sigue bajo rigurosa investigación judicial.
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