Tras una intensa semana de deliberaciones en la que se analizaron un total de 21 expedientes en las fases: civil, social y penal, finalmente, la Corte Suprema de Justicia ha cerrado este jueves la última ronda de esos juicios de casación. La sesión de clausura ha estado marcada por dos casos que captaron una amplia atención mediática y social, y que han llegado al Alto Tribunal para su revisión en casación, debido a la naturaleza de los hechos y al debate jurídico que generaron. Entre ellos, el caso Ezequiel y el de desaparición de una menor el Micomeseng.
El primer expediente, relativo al recurso de casación por infracción de ley número 15/2025, corresponde al caso Ezequiel Enga, relacionado con presunto intento de agresión sexual a una menor. El dilema gira en torno a un beso -pico-, que el acusado, conocido popularmente como profeta Ezequiel, supuestamente habría propinado a la menor, al tiempo que mostraba interés especial en ella; un gesto que la Fiscalía calificó como tentativa de agresión sexual.
La Audiencia Provincial de Bioko, condenó finalmente al acusado a una multa grave de cinco millones de F.CFA, a razón de 25.000 F.CFA por 127 meses; una decisión que la Fiscalía consideró insuficiente y por ello ha recurrido ante el Tribunal Supremo, alegando error en la valoración de la prueba y solicitando que se revisara la sentencia para imponer la pena que había pedido inicialmente, mientras que la otra parte sostiene que en este caso, no hubo ninguna ley infringida según el Código Penal.
El segundo expediente de la jornada ha sido otro caso que también ganó gran expectación social. Se trata del misterioso caso de desaparición de una menor en la ciudad de Micomeseng, con especulaciones de que habría sido encontrada dentro del congelador de José Alogo Nze. En el caso, el principal sospechoso fue acusado de haber recibido supuestamente a la niña, cuyo paradero o condición vital se desconoce hasta la fecha, de manos de Juan Ndong, a cambio de cinco millones de F.CFA. El expediente se recoge en el recurso de casación por infracción de la Ley Número 14/2024, y tiene a José Alogo Nze como recurrente y a la Fiscalía como recurrido.
José Alogo Nze, fue condenado por la Audiencia Provincial de Kie-Ntem a 13 años de prisión y una multa de siete millones de F.CFA, por los supuestos delitos de tráfico de menores y trata de personas. La defensa del acusado recurrió ante el Tribunal Supremo, alegando interpretación errónea de los artículos del Código Penal y ausencia de hechos, pruebas fehacientes y evidentes que muestren culpabilidad real en su cliente, incluso sostiene que en el momento de la inspección José Alogo ni siquiera tenía un congelador en su vivienda del pueblo; mientras que la Fiscalía mantiene su postura inicial, defendiendo la validez de la sentencia y de las penas impuestas.
El tercer y último expediente de la jornada ha sido el recurso de casación número 5/2022, presentado por la empresa Ecuatoguineana de Obras y Construcciones (ECOCSA) contra cuatro de sus exempleados absueltos anteriormente por un presunto delito de robo y hurto de cables eléctricos, destinados a la instalación del alumbrado público en la región continental. En este caso, el Alto Tribunal analizó las alegaciones de infracción de ley y quebrantamiento de forma formuladas por la parte recurrente.
Después de estos trabajos realizados en esta jornada, la Corte Suprema de Justicia ha dado por concluida la ronda de juicios de casación, tras una semana de intenso trabajo jurídico en la que se abordaron asuntos de gran diversidad y complejidad legal, social y judicial.
Durante el cierre, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Evuy Nguema Mikue, ha agradecido la implicación de los Magistrados, del Ministerio Fiscal y de todas las partes intervinientes, destacando el compromiso institucional con la transparencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Los fallos del Alto Tribunal contribuyen al perfeccionamiento de la justicia nacional y al respeto riguroso de las garantías procesales; principios que según el expertos en la materia, refuerzan la confianza ciudadana en las instituciones judiciales del país.
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