Los imputados en el «Caso Annobón» han comparecido por primera vez ante las autoridades judiciales, en una cita en la que también han estado presentes los abogados de las partes. El Juzgado de Instrucción número 1 de Malabo ha abierto el expediente judicial, tras la remisión del caso por la Gendarmería Nacional, a través de un atestado emitido una vez concluidas sus investigaciones preliminares sobre el presunto desvío y uso indebido de material estatal en la isla de Annobón.
El informe de la Fiscalía de la Gendarmería recoge supuestos delitos de hurto y apropiación indebida. Las investigaciones señalan como presuntos responsables a varias autoridades y responsables administrativos en la isla. Entre los principales implicados figura el Gobernador de la Provincia de Annobón, Manuel Esono Nsuga. El informe sostiene que, Esono Nsuga habría desviado dos vehículos de la empresa MAESI-SOLAR; los cuales habría modificado y repintado para justificar su posterior adjudicación. Asimismo, recoge que habría entregado a la empresa SOMAGEC una lona protectora de placas solares.
El Gobernador afirma que no era lona, sino material metálico para sujetar un invernadero agrícola, como un «acto de cortesía» hacia la compañía por los apoyos que, asegura, brinda frecuentemente a la isla. También está siendo investigado el Director Nacional del Proyecto de electrificación de Annobón, Eleuterio Menejal Castaño, más conocido por «Cuchillas». Se le acusa de presunta desviación de 3.000 metros de cable de cobre, una compresora, un tractor, varios bidones de aceite y otros materiales propiedad del Estado.
Otro implicado es el súbdito nigeriano, Theophilus Tobechukwu, quien habría viajado a Annobón para adquirir chatarras. La Gendarmería detectó esas opciones, que consideró una actuación al borde de la ilegalidad e inconsistencias en su actividad comercial. Este miércoles se ha celebrado la primera audiencia previa ante el juez instructor, destinada a escuchar la versión de cada imputado y analizar las pesquisas preliminares. El objetivo ha sido familiarizarse con el expediente, contrastar los relatos y precisar los elementos esenciales del caso.
En su declaración, el Gobernador Manuel Esono Nsuga ha negado haber participado en negocios irregulares, y sostiene que exigió sin éxito una autorización a «Cuchillas» para emprender un proyecto de gestión de chatarra. Sobre los vehículos, afirma que los envió a Bata para ser preparados y reintegrados a Annobón para uso institucional, aunque reconoce no haber solicitado autorización superior, alegando que lo consideró parte de sus competencias como máxima autoridad administrativa de la isla. Esono Nsuga añade que si algo fue vendido, habría ocurrido antes de asumir su cargo.
Eleuterio Menejal «Cuchillas», por su parte, asegura no haber utilizado ningún material con fines personales o comerciales. También afirma que los 3.000 metros de cable de cobre se emplearon en zanjas para una obra social, que la compresora está en SEGESA-Annobón, y que el tractor permanece estacionado en la isla. Niega haber desviado material alguno y reconoce solo que valoró participar en un negocio puntual de chatarra, que finalmente no se concretó.
Tobechukwu por su lado, sostiene que actúa como intermediario de una empresa legal dedicada a la compra y gestión de chatarra, y que viajó a Annobón para explorar posibles adquisiciones. Y, ha dicho que no llegó a comprar nada debido al prolongado tiempo de espera para transportar el material hasta Malabo. Tobechukwu explica que su detención se produjo cuando intentaba recuperar sus bombonas de oxígeno –su material de trabajo-, en un contenedor en el que las guardó al llegar a la isla.
Todos los letrados han solicitado desde esta fase inicial la libertad de sus clientes, asegurando la inocencia de los mismos mientras continúan las investigaciones y demás diligencias judiciales hasta el eventual juicio. Tras tomar todas las declaraciones, el Juez Instructor ha ordenado el retorno de los presuntos implicados bajo custodia de la Gendarmería y anunció que estudiará de forma minuciosa todos los pormenores del expediente antes de dictar posibles medidas cautelares, si se hallaren indicios suficientes de criminalidad.
De manera preliminar, el Juez ha señalado al Gobernador la posible existencia de negligencia administrativa, dada su responsabilidad directa sobre la gestión de bienes públicos en la isla. El «Caso Annobón» entra así en una nueva fase que busca esclarecer los hechos y definir si lo hubiere, el grado de participación de cada uno de los supuestos implicados.
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