Según las informaciones recabadas, el INSESO habría firmado contratos simultáneos con las empresas DELOY e Inferfing holding para un único servicio denominado diagnóstico, lo que plantea dudas sobre la legalidad de estas adjudicaciones.
En el caso de la empresa Altus Colsulting, el contrato supera los 200 millones. Sin embargo, la Gendarmería ha detectado además pagos fuera de contrato. De acuerdo con la investigación, el INSESO habría estado transfiriendo fondos al grupo Calema, propiedad del presidente del Consejo de Administración saliente, para cubrir gastos de alojamiento y alimentación de los consultores vinculados a las empresas Altus, costes que no figuran en el contrato firmado.
Estos pagos paralelos refuerzan las sospechas de un posible circuito de desvío de fondos mediante estructuras vinculadas.
Otro elemento bajo investigación es un viaje de diez días a China financiado por el INSESO, en el que participó una persona sin cargo oficial, identificada únicamente como representante del presidente del Consejo de Administración saliente. Según las pesquisas, esta persona habría cobrado más de cinco millones en dietas sin una justificación clara.
A la espera de que concluyan las investigaciones, los hechos podrían encajar presuntamente en delitos como malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de autoridad, contratación arbitraria y desobediencia a mandatos del Estado.