Tras el derrumbe de terreno registrado el pasado mes de abril en el barrio de Acrópolis, el Gobierno ordenó el desalojo de las familias cuyas viviendas se encontraban ubicadas en zonas declaradas de alto riesgo. Como parte de este proceso, las autoridades dispusieron la realización de un censo de viviendas y propiedades afectadas, con el objetivo de identificar a las familias afectadas y a los posibles beneficiarios del plan de indemnizaciones y reubicación anunciado por el Ejecutivo.
No obstante, algunos ciudadanos han comenzado a manifestar inquietudes sobre la forma en que se está desarrollando el proceso de registro en determinadas comunidades. Entre ellos figura Elena Mayé, quien denuncia presuntas irregularidades en el censo realizado en su zona de residencia.
Según el testimonio de la afectada, los responsables del censo únicamente registraron un almacén construido dentro de su parcela, dejando fuera la vivienda que actualmente se encuentra en proceso de construcción en el mismo terreno. Esta situación, asegura, le genera preocupación ante la posibilidad de que, en el momento de ejecutarse las indemnizaciones anunciadas por el Estado, las autoridades solo reconozcan el almacén y no el conjunto completo de la propiedad.
Mayé solicitó este martes 26 de mayo, ante las cámaras de Asonga TV, la intervención del Ministerio de Ordenación de Tierras. La ciudadana pide a la institución reforzar los mecanismos de supervisión sobre los responsables comunitarios encargados de elaborar las actas del censo.