Las diligencias, iniciadas a raíz de denuncias presentadas por trabajadores y extrabajadores, examinan una serie de actuaciones relacionadas con la gestión de recursos públicos, el pago de derechos laborales y el manejo de fondos destinados a la seguridad social de los empleados.
Entre los aspectos que concentran la atención de los investigadores figura una deuda acumulada superior a los 330 millones de francos CFA con el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO), pese a que, según los denunciantes, las cotizaciones correspondientes habrían continuado descontándose de las nóminas de los trabajadores desde septiembre de 2023. Paralelamente, la comisión investiga el destino de fondos supuestamente aprobados para el pago de liquidaciones y antigüedades, así como contratos de mantenimiento, adquisiciones de bienes y gastos vinculados a viajes y actividades que, de confirmarse las acusaciones, podrían haber sido ajenos a los fines institucionales de la entidad encargada de supervisar y evaluar la implementación de la Agenda Nacional de Desarrollo.
De acuerdo con la documentación examinada por la Gendarmería, ANDGE habría dejado de ingresar en el INSESO las cotizaciones sociales descontadas a sus trabajadores desde septiembre de 2023. Una situación que ha provocado que numerosos empleados descubrieran que sus aportaciones no figuraban en los registros del organismo cuando intentaron realizar trámites relacionados con su cobertura social.
Uno de los trabajadores afectados ha explicado que la ausencia de cotizaciones fue detectada al acudir personalmente al INSESO, donde le informaron de que su historial de aportaciones había quedado interrumpido hacía varios meses.
«“Cuando acudí al INSESO para realizar mis gestiones me dijeron que no podían atenderme porque mi última cotización registrada correspondía a septiembre de 2023. Aquello fue una sorpresa para mí porque cada mes seguían descontando la seguridad social de mi salario. Nosotros intentamos resolver el problema por la vía interna, enviando escritos a la dirección y solicitando explicaciones sobre qué estaba ocurriendo con nuestras cotizaciones, pero nunca encontramos una solución real. Pasó el tiempo y vimos que no existía voluntad de corregir la situación, por eso terminamos acudiendo a la gendarmería. Como trabajador, cuando ves que te descuentan un dinero destinado a proteger tus derechos y luego descubres que no llega a la institución correspondiente, inevitablemente te preguntas dónde está y para qué se está utilizando”, ha manifestado.»
El mismo denunciante ha expresado además sus dudas sobre el destino de los recursos retenidos a los trabajadores.
«“Si ese dinero estuviera acumulado en alguna cuenta de la entidad, al menos existiría una explicación temporal mientras se resuelve el problema. Pero la realidad es que no aparece en el INSESO y tampoco existe una justificación clara sobre su paradero. Por eso muchos de nosotros creemos que esos fondos podrían haber sido destinados a otros fines distintos de aquellos para los que fueron descontados”, añadió.»
Las denuncias también hacen referencia a recursos económicos que habrían sido aprobados por el Gobierno para atender liquidaciones, antigüedades y otros derechos laborales pendientes. Sin embargo, según los trabajadores, varias personas cuentan con documentación oficial que acredita la autorización de dichos pagos sin que hasta la fecha hayan recibido las cantidades correspondientes.
Otro de los puntos investigados está relacionado con presuntos incumplimientos contractuales y diferencias entre las condiciones laborales pactadas y las remuneraciones efectivamente percibidas por algunos trabajadores.
Uno de los denunciantes ha explicado que determinados empleados fueron contratados bajo unas condiciones económicas que posteriormente no se reflejaron en las nóminas.
«“Lo que nos llevó también a denunciar fue el incumplimiento de los propios contratos. Cuando se reorganizó la agencia y se nombró a responsables de departamentos y secciones, se firmaron contratos donde aparecían cantidades concretas que los trabajadores debían percibir. Sin embargo, cuando llegaba el momento de cobrar, la nómina reflejaba cifras inferiores. Había casos en los que un trabajador aceptaba un puesto con una remuneración determinada y después descubría que recibía cientos de miles de francos menos de lo acordado. Eso generó una enorme frustración porque se trataba de compromisos firmados por ambas partes”, sostuvo.»
Las investigaciones sitúan bajo especial atención al director general de ANDGE, Claudio Vázquez Elo Nve, cuya gestión está siendo analizada en relación con diversas operaciones financieras realizadas por la institución.
Según las pesquisas, parte de los recursos de la entidad habrían sido destinados a gastos que beneficiaban a personas vinculadas a su entorno personal, incluyendo compras de cestas navideñas, adquisición de material de oficina, contratación de servicios y pagos relacionados con desplazamientos al extranjero.
Uno de los punton más destacados de la investigación gira en torno al contrato de mantenimiento de la página web institucional. Varios testimonios sostienen que el importe inicialmente acordado para dicho servicio habría sido incrementado posteriormente y que una parte de los fondos regresaba presuntamente al director general en efectivo.
Un antiguo colaborador ha relatado a los investigadores cómo se habría desarrollado el procedimiento.
«“Nuestra empresa presentó una propuesta económica normal para el mantenimiento de la página web. Después de revisar la oferta, el director general nos comunicó que el importe podía aumentarse. Fue él quien propuso elevar la cantidad y explicó cómo se repartiría posteriormente el dinero. Según las instrucciones que recibimos, una parte debía quedarse en la empresa y otra debía ser entregada personalmente a él. Recuerdo perfectamente que en una ocasión me enviaron a recoger una importante suma de dinero en efectivo. Me facilitaron el contacto de una persona, acudí al lugar indicado, firmé un documento de recepción y posteriormente entregué el dinero a mi superior. Todo aquello me pareció extraño porque se trataba de operaciones realizadas sin los controles habituales ni documentación que reflejara claramente el destino final de los fondos”, declaró.»
Frente a estas acusaciones, Claudio Vázquez Elo Nve reconoció haber recibido dinero procedente de la empresa encargada del mantenimiento de la página web, aunque ha negado que se tratara de pagos irregulares o de un mecanismo para obtener beneficios personales.
Según ha explicado, los fondos estaban destinados a la compra de equipos audiovisuales necesarios para mejorar la comunicación institucional y desarrollar una revista interna.
«“La empresa presentó un proyecto de mantenimiento de la página web y posteriormente planteamos la necesidad de crear una revista institucional. Ellos consideraban que con el presupuesto inicial no era posible asumir todas esas tareas. Por eso se ajustó el importe del contrato y una parte del dinero se destinó a la adquisición de equipos para grabaciones, micrófonos y otros materiales necesarios para desarrollar esos trabajos. Como yo viajaba con frecuencia y tenía contactos en el exterior, me entregaban esos recursos para gestionar la compra del material. En ningún momento hubo apropiación indebida de fondos. Lo que está ocurriendo responde a una campaña interna dirigida contra mi persona”, ha asegurado.»
Además de las cuestiones financieras, la comisión investiga posibles irregularidades en procesos de contratación de personal y en programas de becas impulsados por la institución. Diversos testimonios apuntan a que algunas convocatorias podrían haber sido previamente orientadas para favorecer a personas concretas, varias de ellas presuntamente vinculadas al entorno familiar del director general.