Según un escrito al que ha tenido acceso Ahora EG, han pasado casi nueve años desde que los trabajadores de la empresa pública Guinea Ecuatorial de Comunicaciones (GECOMSA) dejaron de percibir sus salarios. Durante este tiempo han esperado, presentado escritos y solicitado reuniones con las instituciones competentes, convencidos de que su situación encontraría una solución. Hoy, esa esperanza vuelve a depositarse en una nueva petición dirigida al vicepresidente de la República, Teodoro Nguema Obiang Mangue, a quien piden su intervención para que pueda hacerse efectivo el compromiso anunciado por el Ejecutivo a finales de 2024.
La situación dio un giro en noviembre de ese año, cuando el Gobierno hizo público el resultado de la auditoría realizada a GECOMSA y anunció un plan para rescatar la empresa. Entre las medidas comunicadas figuraba el inicio de las gestiones para atender los salarios pendientes de los trabajadores, una noticia que fue recibida con alivio por decenas de familias que llevaban años esperando una respuesta.
Sin embargo, el tiempo ha transcurrido sin que, según explica el colectivo, hayan recibido información sobre la evolución de aquellas gestiones. Lejos de adoptar una postura de confrontación, los empleados aseguran haber optado por la vía institucional. Primero solicitaron información a la Primatura sobre el estado del proceso; más tarde pidieron una audiencia con el primer ministro y mantuvieron contactos con la nueva dirección de la empresa. Incluso intentaron trasladar personalmente un expediente a la Vicepresidencia de la República, aunque este no pudo ser admitido por cuestiones administrativas.
Ahora, cuando se aproxima un nuevo curso escolar y muchas familias vuelven a afrontar importantes gastos, los trabajadores consideran oportuno hacer pública su petición. Subrayan que no buscan señalar responsables ni cuestionar el trabajo de las instituciones, sino que desean que el vicepresidente tenga conocimiento de que la situación continúa sin resolverse y pueda valorar la posibilidad de impulsar una solución.
El colectivo insiste en que mantiene plena confianza en las instituciones del Estado y recuerda que, en otras ocasiones, se han impulsado medidas para atender situaciones laborales similares. Por ello, confían en que el compromiso anunciado en 2024 pueda culminar con el pago de los salarios pendientes y ofrecer estabilidad a cerca de un centenar de familias ecuatoguineanas que, desde 2017, permanecen a la espera de una respuesta definitiva.
