El mundo entero está inmerso en un intenso debate sobre la transición energética y la resiliencia de los sistemas eléctricos. La reciente experiencia del gran apagón en la Península Ibérica el pasado mes de abril –que dejó sin luz a millones de personas en España y Portugal– ha puesto de relieve que incluso los sistemas más desarrollados son vulnerables. En ese caso, una desconexión automática aisló eléctricamente a la región para proteger al resto de Europa, dejando a la península temporalmente desconectada y “a contrarreloj” para restablecer su equilibrio. Este incidente subraya la fragilidad inherente de los sistemas eléctricos y la importancia crítica de las interconexiones: las conexiones entre redes nacionales son clave para apoyarse mutuamente en situaciones de emergencia.
En Guinea Ecuatorial, estas lecciones globales resuenan con fuerza. Aunque nuestro país tiene un sistema eléctrico mucho más pequeño, las preguntas de fondo son similares: ¿Es nuestro sistema lo suficientemente robusto? ¿Cómo afrontamos la transición hacia fuentes más limpias sin comprometer la estabilidad del suministro? En un contexto internacional que empuja hacia las energías renovables y la cooperación regional, Guinea Ecuatorial se encuentra en una encrucijada interesante para evaluar su propio modelo eléctrico, sus logros y sus asignaturas pendientes. Como observador y analista del sector, considero que mirar estos acontecimientos externos nos invita a reflexionar sobre nuestras fortalezas y debilidades internas, con la vista puesta en asegurar un suministro confiable para todos los ecuatoguineanos.
A inicios de 2010 el país sufría un déficit crónico de infraestructura: apenas sumaba unos 100 MW instalados, con frecuentes apagones en ciudades como Malabo y Bata y vastas zonas rurales sin servicio. El Gobierno lanzó un ambicioso Plan Nacional de Electrificación. En 2012 se marcó un hito histórico con la inauguración de la Central Hidroeléctrica de Djibloho (120 MW, la primera gran planta del país), que redujo la dependencia de diésel importado y empezó a abastecer a numerosas localidades de la región continental. Ese impulso inversor continuó con la ampliación de redes en la isla de Bioko y la modernización de centrales en Malabo y Bata, multiplicando la oferta eléctrica.
Otro momento clave vino en 2013, con la reestructuración de la empresa nacional SEGESA (Sociedad Eléctrica de Guinea Ecuatorial). Se desdobló la compañía en tres unidades especializadas –SEGESA Generación, SEGESA Transmisión y SEGESA Comercial– con la idea de mejorar la gestión y el servicio, e invirtiendo miles de millones de francos CFA para profesionalizar su gestión. Hacia finales de 2017, los avances eran tangibles: la potencia instalada se cuadruplicó hasta alrededor de 400 MW, la producción eléctrica anual prácticamente se triplicó, y la mayoría de ciudades grandes –incluidas Malabo y Bata– quedaron interconectadas a nuevas redes. También se emprendieron proyectos de electrificación rural extensiva, con nuevas subestaciones y tendidos que acercaron la electricidad a muchas comunidades del interior, buscando alcanzar pronto una cobertura casi universal. En esencia, en poco más de una década Guinea Ecuatorial pasó de la penumbra a desplegar centrales de primer nivel y una red nacional que alcanza prácticamente cada rincón del país.
Sin embargo, tras construir este imponente armazón eléctrico, surgieron señales de alerta sobre su sostenibilidad. Pese a las nuevas infraestructuras, aún se registran cortes de suministro periódicos y SEGESA enfrenta graves desafíos financieros y operativos. En 2017, por ejemplo, la ciudad de Bata quedó más de un mes a oscuras tras una avería en Djibloho, y en marzo de 2024 un fallo en esa misma central provocó un apagón total en la Región Continental. Estos eventos evidencian la limitada redundancia del sistema: si falla la principal hidroeléctrica, no hay suficiente generación de respaldo para evitar un colapso en el continente (y algo similar podría ocurrir en Bioko si su central de Turbogas sufriera un desperfecto grave).
Además, el mantenimiento preventivo ha sido deficiente. La prolongada avería de Djibloho en 2017 se atribuyó a que no se realizaron a tiempo las revisiones técnicas, obligando a reparaciones de emergencia. Incluso hoy, tramos de la red funcionan con equipos averiados esperando repuestos durante meses, lo que provoca caídas de tensión frecuentes. Esta fragilidad operativa refleja tanto limitaciones presupuestarias de SEGESA como fallas de gestión en la planificación del mantenimiento.
En el aspecto económico, el modelo tampoco es sostenible. Las tarifas eléctricas se mantienen subsidiadas y bajas, los fraudes y conexiones ilegales abundan, y muchos abonados –incluyendo instituciones– acumulan impagos: en conjunto, SEGESA no ingresa lo suficiente para cubrir los costos de operación. Aunque el Estado ha sostenido a la empresa, la caída del precio del petróleo desde 2014 y la persistente crisis económica reducen el margen para seguir subvencionando el servicio. Por otro lado, se mantienen deficiencias en la organización y en los procesos comerciales.
La coordinación entre el Ministerio tutor, SEGESA y sus contratistas es poco ágil, diluyéndose responsabilidades en las crisis. Tras el apagón de 2024, por ejemplo, las autoridades locales y la compañía extranjera de mantenimiento intercambiaron culpas en vez de dar respuestas rápidas. Los usuarios a menudo ni siquiera reciben explicaciones claras sobre las causas de los cortes o los planes de racionamiento, y la atención al cliente deja mucho que desear. En síntesis, el país dispone de una base eléctrica robusta, pero su funcionamiento real está por debajo de lo esperado. Es como tener un coche potente sin un buen conductor ni suficiente combustible: el potencial existe, pero no se aprovecha plenamente.
Para encauzar el sistema eléctrico hacia un futuro sólido, se plantean varias estrategias clave. Primero, diversificar y reforzar la generación eléctrica. Urge finalizar la central hidroeléctrica de Sendje (200 MW) para añadir capacidad firme y redundancia junto a Djibloho, pero también contar con respaldo térmico: instalar una central modular de unos 20-30 MW en Bata que pueda activarse en emergencias (como fallos de una presa o sequías extremas) aseguraría suministro en situaciones críticas. A la par, el país debe aprovechar sus abundantes recursos renovables. Desplegar parques solares fotovoltaicos con baterías, por ejemplo, cerca de las ciudades, aportaría energía durante el día y aliviaría el consumo de combustible fósil, y explorar proyectos eólicos en zonas adecuadas diversificaría aún más la matriz. Con un portafolio más amplio de hidroeléctricas, turbinas de gas y plantas solares/eólicas, Guinea Ecuatorial reduciría su dependencia de unos pocos centros generadores y estaría mejor preparada ante imprevistos, avanzando además hacia objetivos de energía limpia.
El segundo eje es modernizar las redes de transmisión y distribución con tecnología inteligente. Implantar un sistema eléctrico Smart-grid (red digital con monitoreo SCADA y contadores inteligentes) permitiría detectar y aislar fallas en tiempo real, evitando que una avería local se convierta en un apagón generalizado. También ayudaría a identificar y reducir las pérdidas por fraude eléctrico. Aunque esta transformación digital requiere inversión y capacitación, sus beneficios en confiabilidad y eficiencia la justifican: con una red inteligente, SEGESA podría gestionar el flujo eléctrico de forma óptima, prevenir sobrecargas y planificar mejor el mantenimiento antes de que ocurran fallos mayores. Además, una mayor interconexión con países vecinos aumentaría la resiliencia: la reciente conexión con Gabón ya permite exportar algunos megavatios y sienta las bases para intercambios de energía que darían apoyo mutuo en caso de emergencias.
El tercer pilar estratégico es fortalecer la gestión y la sostenibilidad financiera del sector. Esto implica institucionalizar el mantenimiento preventivo (asegurando que cada central y subestación reciba las revisiones necesarias a tiempo) y mejorar la atención al cliente y la transparencia hacia el usuario. SEGESA y las autoridades deben comunicar con anticipación los cortes programados o incidencias, establecer brigadas de respuesta rápida para averías y hacer que los canales de contacto con el público funcionen de verdad.
En el plano financiero, es ineludible depurar las cuentas: cobrar con rigor las facturas pendientes – prestando especial atención a los usuarios institucionales y comerciales, para garantizar un flujo de ingresos estable– y considerar un ajuste tarifario gradual que equilibre las finanzas sin cargar a los más vulnerables. Un posible esquema —ya encaminado tras la aprobación de la nueva ley reguladora del sector eléctrico— sería mantener una tarifa social para un nivel básico de consumo, tal como SEGESA ha comenzado a preparar mediante el nuevo régimen tarifario que permitirá proteger a los usuarios más vulnerables mientras se equilibra la sostenibilidad financiera. y aplicar tarifas más altas a consumos mayores. De este modo, el servicio eléctrico podría cubrir la mayor parte de sus costos con sus propios ingresos, liberando al Estado de subsidios permanentes y permitiendo destinar esos recursos a salud, educación u otros ámbitos. Asimismo, mejorar la gobernanza interna exigirá que cada unidad de SEGESA rinda cuentas de su desempeño.
En conclusión, Guinea Ecuatorial se encuentra ante la tarea de pasar de una expansión rápida de infraestructuras eléctricas a una consolidación inteligente del sistema. Los cimientos están puestos; ahora hay que pulir y optimizar lo construido para que brille con eficiencia y confiabilidad. Si logramos gestionar con excelencia nuestros abundantes recursos nacionales –agua, gas y sol–, podremos garantizar energía estable en todos los rincones del país e incluso aspirar a exportar excedentes de electricidad limpia a la región. Convertir las debilidades actuales en fortalezas futuras es posible: encender de forma confiable cada bombilla en cada hogar ecuatoguineano significará encender también una luz de esperanza y progreso para toda la nación.
Sobre el autor:
Dámaso Coral Zamora es Ingeniero y Máster Universitario en Eficiencia Energética por la Universidad Politécnica de Madrid, además de Máster en Energías Renovables por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Su trayectoria profesional está profundamente vinculada al desarrollo energético de Guinea Ecuatorial, donde ha ocupado puestos estratégicos como Director General de Industria en el Ministerio de Minas, Industria y Energía, y Coordinador General de la Reestructuración de la Sociedad Eléctrica de Guinea Ecuatorial (SEGESA). Desde estos roles ha liderado importantes proyectos orientados a la modernización y expansión del sistema eléctrico nacional.
Con amplia experiencia en producción, exportación y comercialización de petróleo y gas, y en la gestión de fuentes renovables, aporta una visión integral sobre los retos de la transición energética. En la actualidad, ejerce como analista en energía, sostenibilidad y políticas energéticas, colaborando regularmente con medios nacionales e internacionales para ofrecer análisis estratégicos sobre el presente y futuro del sector energético en África.
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