La Orden 3/2025 de la Presidencia del Gobierno, que prohíbe el cobro en efectivo de impuestos, tasas y otros ingresos públicos, al igual que prohíbe a los funcionarios actuar como gestores privados, es una medida que va mucho más allá de una simple instrucción administrativa. Representa un cambio cultural profundo en la relación entre ciudadanos y Estado.
En Guinea Ecuatorial hemos visto servicios como la OFIVEGE, en la gestión de documentos de vehículos, o instituciones como el CNEDOGE, en la expedición de documentos de identidad, ya daban pasos firmes hacia la digitalización. En ambos, la trazabilidad de la expedición de los certificados mediante sistemas informatizado a y el uso del banco como canal de pago no solo ha reducido tiempos y riesgos, sino que ha devuelto confianza a los ciudadanos.
Prohibir el efectivo significa eliminar la discrecionalidad del “pago en ventanilla” y apostar por un sistema con trazabilidad y comprobantes oficiales. Es, en otras palabras, blindar los recursos del Estado frente a fugas y fortalecer la transparencia y proteger al ciudadano de estafas.
Claro que no será sencillo, se están dando pasos para romper un estilo de trabajo muy bien arraigado. Habrá que acompañar esta medida no sólo con mayor acceso a servicios bancarios, plataformas digitales y educación financiera a los ciudadanos sino también con un programa de concienciación sobre los beneficios. Pero el mensaje es claro: el funcionario debe dedicarse a servir y tramitar, no a recaudar; y el ciudadano debe comprender que acudir al banco, exigir la nota de ingreso y comprobar que corresponde respecto a la ley, es decir, es contribuir a una administración más limpia y eficiente.
En definitiva, estamos ante una reforma que, bien aplicada, puede convertirse en el cimiento de una gestión pública más justa y moderna. Porque pagar en el banco no es una molestia: es un acto de responsabilidad colectiva.
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