Han pasado 30 días desde que el departamento de Trabajo sancionara la Orden Ministerial por la que se insta a todos los centros privados de enseñada reglada y profesional extender contratos de trabajo a sus docentes. La Orden en cuestión entró en vigor el pasado viernes, 08 de marzo de 2024, fecha de su publicación por los medios informativos oficiales del país. Sin embargo, la investigación realizada por nuestro equipo de reporteros revela que a día de hoy, esta norma no ha sido del agrado de todos y por lo visto, en la relación entre los docentes y los centros de formación hay mucho aspectos que regular o legislar.
¿Qué opinan los propietarios y directivos de los centros?
Algunos propietarios y directores de estos centros educativos creen que la medida es correcta, aunque ponen el matiz de que se debería tener en cuenta la naturaleza del ejercicio de la función docente, evocando aspectos como las cargas horarias, los niveles que se imparten, o el tipo de dedicación en el centro (si es plena o parcial), etc. “tenemos docentes que vienen aquí unos tres días por semana, y al día imparten tres horas. El resto de días y horas se dedican a otras actividades o a impartir en otros colegios. ¿Qué tipo de contratos tendría este grupo, por ejemplo?”. Ha expuesto uno de los entrevistados.
Por su parte, la fundadora de un centro de formación profesional en esta ciudad capital, valora que “el Ministerio de Trabajo debería analizar de forma detallada las condiciones del ejercicio docente, ver cómo se puede adaptar los contratos o en su caso, crear un modelo específico de contratos para docentes, para que ninguna de las partes salga perjudicada”. Pues, todo parece indicar que los acuerdos entre los docentes y varios centros educativos privados han estado sujetos a condiciones no reguladas. De hecho, según en la mayoría de los casos sólo existen acuerdos verbales.
“Si tenemos que extender contratos de trabajo con las especificaciones que hay en las Leyes del sector laboral Vigentes en nuestro país, pienso que muchos de los que están ejerciendo la labor docente actualmente saldrían perjudicados. Porque nosotros los dueños de los centros, procuraríamos cumplir con todo lo que se establece; sin embargo ellos lo tendrían más difícil: supongo que tendrían que cumplir un horario fijo, se les exigiría cierta documentación que posiblemente no posean, les resultaría más difícil combinar su actividad docente con otras o en diferentes centros, etc. En síntesis, creo que se debería crear modelos especiales de contratos, para los docentes dependiendo de las condiciones en las que ejerce”. Ha dicho Herminio M.M., propietario de un centro privado.
En una encuesta realizada entre algunos centros de la ciudad de Malabo, hemos constatado que sólo alrededor del 5% ofrecen contratos bien establecidos legalmente y de este porcentaje, la mayoría de los centros pertenecen a la Asociación de Centros Católicos de Enseñanza de Guinea Ecuatorial (ACCEGE). De los centros de formación profesional encuestados, ninguno ofrece contratos formales a su personal docente nativo.
Las declaraciones de los directivos y propietarios de los centros aludidos por la Orden del ministerio de Trabajo, se resumen en dudas de si habría que establecer modelos de contratos a los docentes, teniendo en cuenta la naturaleza de su servicio por cuestiones como: La carga horaria, el nivel impartido, es decir guardería, primaria, ESBA, bachillerato o formación profesional o simplemente aplicar según las Leyes reguladoras del sector laboral de Guinea Ecuatorial. En cuanto al salario, las prestaciones sociales, los derechos y las obligaciones que imponen, etc.
¿Qué opinan los docentes?
Los docentes por su parte, encuentran en esta Orden Ministerial una oportunidad para mejorar sus condiciones laborales, sin embargo no son muy optimistas en cuanto a su aplicación efectiva. Varios coinciden en que los propietarios y directivos de los centros podrían mirar más por la estabilidad económica de su «negocio».
Hemos conversado con el docente Pablo M.E. quien ha reconocido entre otras cosas, que “pagarán el derecho de antigüedad, un plus en Navidad y 12 de octubre, así que perderán más de lo que ganaban sin contratos”. En la opinión de Severo O.N., docente de ESBA, “los colegios, queramos como no, son negocios y cuando llega una norma que podría disminuir sus ganancias, pensarán en varias artimañas, así que el Gobierno debería estar muy al tanto, si es preciso, que el ministerio de Trabajo asigne inspectores”. Ha sugerido.
“Algunos centros daban contratos, pero no reunían todos los términos legales, sino que eran contratos a destajo, sin derecho a nada; sólo algunos, son los que dan contratos legales como empleado, cobrando todos los meses del año. Los demás no lo hacían. Dan contratos a destajos. No sabría decir si respetarán la Orden, pero es de efecto inmediato, porque cualquier problema que surja entre el profesor y el centro en este año, los profesores tienen todos los elementos legales que van a su favor”. Indica el docente José Luis Abaga.
Hemos conversado con un docente quien al igual que los demás, también ha preferido mantener su identidad en anonimato, mientras mostraba su descontento al estar más de 5 años sin contrato. “Los centros privados explotan a los docentes, llevo más 5 años, pero no tengo ni contrato. Pienso que el ministerio de Trabajo debe realizar inspecciones, para conocer el grado de cumplimiento de esta Orden. Estoy seguro de que muy pocos extenderán estos contratos». Matizó.
Respecto a los centros de formación profesional, en los últimos años ha habido un incremento significativo de los mismos en todas las ciudades del país. Probablemente, la aparición de éstos se debe al cumplimiento del proceso burocrático exigido para su establecimiento. Sin embargo, en conversaciones con algunos docentes de los centros de formación profesional de Malabo, se constata que el tema de los contratos de trabajo nunca ha sido contemplado.
“Normalmente, los que impartimos clases en centros profesionales, lo hacemos para tener un ingreso extra, es decir, vamos unas cuántas horitas a la semana y al final del mes nos pasan algo”. Ha reconocido Antonio Nguema, docente de un centro de formación profesional, con quien conversamos en presencia de otros compañeros suyos, quienes resignados comentaban que, “normalmente la mayor parte de centros de formación profesional sólo ofrecen contratos a su personal expatriado”. Ante esta situación, la pregunta es si la Orden Ministerial dictada por Trabajo tendrá finalmente su ejecución y si fuera afirmativa la respuesta, obviamente convendría saber en qué plazos se ejecutará.