Continúan las deliberaciones de la comisión parlamentaria que está analizando los proyectos de leyes relativos a los Presupuestos Generales del Estado, que ayer lunes comenzó a analizar los presupuestos estatales elaborados por el Gobierno para el próximo año 2023, en una sesión desarrollada bajo la moderación del presidente de la institución, Gaudencio Mohaba Mesu.
Esos presupuestos, se enmarcan en la política de contención y racionalización del gasto público y en los mismos se mantienen los compromisos del Gobierno con las políticas sociales, la lucha contra la pandemia del Coronavirus, así como la reconstrucción de la zona afectada por la catástrofe del 7 de marzo en Bata y se presentan con un déficit de 216.765 millones de francos CFA, resultante de unos ingresos estimados en un billón 22.371 millones, un aumento del 12% respecto al actual ejercicio económico, frente a unos gastos que ascienden a un billón 239.000 millones, que suponen un incremento del 11% respecto al presupuesto del presente año.
Los ingresos no petroleros ascenderán a 290.840 millones, un incremento del 9% respecto al presupuesto del presente año, debido a las medidas fiscales y la recuperación de la actividad económica, mientras que en los ingresos petroleros se prevé una recaudación de 731.531 millones, que representan una subida del 13% con respecto al actual ejercicio económico.
En lo que se refiere al presupuesto de gastos, los gastos corrientes ascienden a 949.136 millones, mientras que las inversiones públicas del Estado se calculan en 290.000 millones, en los que el 38,7% corresponde al sector productivo, con una dotación de 85.186 millones.
Además de continuar con la consolidación fiscal, con estos presupuestos el Gobierno pretende reducir aún más los desequilibrios macroeconómicos, reorientar el gasto a fin de mitigar los impactos sociales y económicos de la pandemia, abordando las debilidades del sector financiero con la regularización de la deuda contraída con las empresas de construcción, proseguir los esfuerzos de la diversificación económica, así como la buena gobernanza y la transparencia en la gestión de la cosa pública, entre otros objetivos.
Ha quedado pendiente de reformulación, el preámbulo del proyecto de ley en lo que se refiere a las ventajas arancelarias, que se prevé conceder en el pago de derechos de aduanas de algunos productos y bienes de primera necesidad producidos en el país, para incentivar la iniciativa privada nacional.
Asimismo, ha quedado pendiente de reformulación el artículo relativo a la justificación de los ingresos de los departamentos ministeriales, las entidades autónomas y empresas de participación del Estado, así como el artículo relativo a los impuestos indirectos y se ha abordado el tema de las exoneraciones, porque en esos presupuestos se prevé excluir la exoneración fiscal que se benefician algunas empresas en el pago del impuesto sobre la renta de personas físicas.
Al mismo tiempo, se ha debatido ampliamente el artículo relativo a la autorización para la recaudación de las tasas municipales por parte de las corporaciones locales, ya que los representantes del pueblo recomiendan que el Departamento de Hacienda ejerza un mayor control sobre esos ingresos y que se determine claramente las tasas que deben cobrar los ayuntamientos, según categorías.
Después de varias deliberaciones, han sido adoptados los artículos relativos a los ingresos, gastos y financiación, la autorización para recaudar y movilizar recursos públicos, los convenios con organismos e instituciones financieras, para la financiación de las obligaciones presupuestarias, la gestión de la deuda pública, los impuestos directos y especiales, las tasas y derechos administrativos, la evaluación de los ingresos presupuestarios y la aprobación del techo del gasto público.