La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reclamado este martes a la junta militar de Guinea que apruebe una nueva ley contra la violencia de género y que mejore la prevención ante las violaciones y el cuidado de las supervivientes, que hacen frente a estigmatización social, barreras a la hora de acceder a la justicia y ausencia de atención médica.
La ONG ha señalado en su informe ‘La vergüenza debe cambiar de bando: garantizar los derechos y la justicia para las víctimas de la violencia sexual en Guinea’ que en 2021 se registraron más de 400 denuncias por violación, mientras que la mayoría de las supervivientes eran menores de edad.
«Las víctimas y sus familias nos han dicho en repetidas ocasiones que la horrenda violencia sexual que experimentaron se ve agravada por los juicios sociales, pero el silencio está empezando a romperse en los casos de violación y la sociedad civil se está movilizando para denunciar la violencia sexual», ha dicho la directora regional de Amnistía para África occidental y central, Samira Daud.
«A pesar de los recientes esfuerzos por parte de las autoridades para abordar el problema de la violencia sexual, queda mucho por hacer en términos de información, prevención, acceso al cuidado y justicia para que se respeten las obligaciones de Guinea bajo las leyes de Derechos Humanos internacionales y regionales», ha argüido.
El informe recoge declaraciones de supervivientes, autoridades administrativas, judiciales y religiosas, trabajadores sanitarios, diplomáticos y representantes de la sociedad civil y analiza los obstáculos que impiden que las víctimas reciban tratamiento efectivo y logren un acceso a la justicia en el país africano.
La Oficina para la Protección del Género, el Niño y la Moral (Oprogem) y la Brigada Especial para la Protección de Personas Vulnerables (BSPPV) hicieron frente en 2021 a más de 400 casos de violación, con algunos casos con víctimas menores de trece años, si bien el documento apunta que la cifra es «indudablemente más alta».
En este sentido, recuerda que las víctimas de violencia sexual y sus familias hacen frente a estigma en sus comunidades, mientras que los acuerdos extrajudiciales y los casos tratados en centros médicos, pero no incorporados a las estadísticas revelan un impacto aún mayor.
«Cuando fuimos al hospital, uno de los doctores dijo: ‘Esta es la niña que fue violada’. Duele. Allá adonde va, la gente la señala. Siempre está encerrada en casa», relata la madre de una niña que fue violada. «No sale, se comunica poco con la gente. Quiere volver a la escuela, pero no es posible», lamenta.
Por ello, la ONG ha reseñado la importancia de que las autoridades lleven a cabo más esfuerzos en campañas de educación para abordar las actitudes sociales y culturales que discriminan a las mujeres y perpetúan la violencia contra ellas, incluida una ‘tolerancia cero’ con la violencia de género y un desmantelamiento de los estereotipos dañinos y los mitos relacionados con la violación. Amnistía pide a Guinea una nueva ley sobre violencia de género ante la impunidad en los casos por violación.
Además, ha indicado que Guinea carece de un teléfono gratuito que permita a las víctimas denunciar los casos y recibir asesoría médica y legal. «Podemos dar consultas gratuitas, pero si la gente tiene complicaciones que requieren cirugía o complicaciones infecciosas que requieren medicación, no podemos hacerlo gratis», ha explicado un médico.