El tribunal no solo dictó la pena capital, sino que también impuso a Kabila una indemnización monumental de 29.000 millones de dólares al Estado congoleño, además de 2.000 millones de dólares a cada una de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur. Esta decisión marca un momento crítico en la política congoleña, ya que Kabila ha estado ausente del país desde julio, y su paradero sigue siendo un misterio.
Las acusaciones contra el ex mandatario incluyen su presunta colaboración con fuerzas rebeldes que han tomado el control de importantes ciudades en el Este del país. A pesar de las serias imputaciones, Kabila ha rechazado las acusaciones, calificándolas de maniobras políticas destinadas a silenciar a la oposición.
En agosto, el fiscal había solicitado la pena de muerte, lo que Kabila denunció como un intento de sofocar cualquier disidencia. Este desarrollo se produce en un contexto de creciente tensión política, especialmente después de que el Senado derogara su inmunidad judicial en mayo, un movimiento que Kabila describió como un acto de autoritarismo.
Aunque Kabila había estado en un exilio autoimpuesto, su regreso a Goma en abril, una ciudad actualmente bajo control del M23, ha añadido más incertidumbre a su situación. La decisión del tribunal ha generado un debate intenso sobre la justicia y la política en la República Democrática del Congo, un país que ha enfrentado años de conflicto e inestabilidad.
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