La empresa SODILECSA podría adeudar al Estado 10.000 millones de francos CFA por las obras del aeropuerto de Bata

El Ejecutivo ha dispuesto una revisión integral de los contratos vinculados a la constructora SODILECSA, tras detectarse posibles discrepancias entre los pagos realizados por el Estado y el grado de ejecución de varias infraestructuras aeroportuarias del país.

La finalización y puesta en servicio de los aeropuertos de Bata, Annobón, Mongomeyen y Corisco sigue ocupando un lugar prioritario en la agenda del Gobierno. En ese marco, el Vicepresidente de la República, Teodoro Nguema Obiang Mangue, ha presidido este jueves, 19 de junio una reunión de evaluación en el Palacio del Pueblo de Malabo centrada en el estado de ejecución de las obras adjudicadas a la empresa SODILECSA.

Durante el encuentro, representantes de GE-Proyectos, la empresa supervisora SIEC, el Ministerio de Obras Públicas y la Tesorería General del Estado analizaron el nivel de cumplimiento de los contratos suscritos entre el Estado y la constructora. Según un informe preliminar presentado por GE-Proyectos y corroborado por SIEC, la empresa podría adeudar al Estado alrededor de 10.000 millones de francos CFA correspondientes únicamente a las obras del aeropuerto de Bata.

Ante estos indicios, el Vicepresidente ha ordenado  una revisión exhaustiva de todos los proyectos adjudicados a SODILECSA para verificar si los pagos efectuados por el Estado se corresponden con el grado real de ejecución de las obras. La auditoría será realizada por SIEC, la Tesorería General del Estado, el Ministerio de Obras Públicas y GE-Proyectos.

La medida responde a las diferencias detectadas entre los avances declarados por la constructora y los importes desembolsados en varios proyectos de infraestructura.

Al término de la reunión, Nguema Obiang Mangue ha concedido un plazo de un mes para que las entidades implicadas presenten un informe detallado sobre la situación real de las obras. Una vez concluida esta fase, el Ejecutivo determinará las cantidades que la empresa deberá reintegrar a las arcas públicas, en caso de confirmarse las irregularidades detectadas, y adoptará las medidas necesarias para garantizar la culminación de unas infraestructuras consideradas estratégicas para la conectividad y el desarrollo del país.

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