La Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Anticorrupción asumió formalmente la tramitación del caso Gepetrol Servicios tras concluir la fase inicial de investigaciones desarrollada conjuntamente con la Gendarmería Nacional. Durante una rueda de prensa celebrada este jueves, el Fiscal General del Estado, Anatolio Nzang Nguema, ha expuesto los principales hallazgos del expediente y ha asegurado que existen indicios suficientes para impulsar acciones judiciales contra los presuntos responsables.
«Solicitaremos prisión preventiva para todos ellos para asegurar que no puedan evadirse de la acción de la justicia. Lo que corresponde ahora es que se realice la instrucción judicial, que el caso llegue a juicio y que se dicte la sentencia que corresponda conforme a la ley», ha afirmado.
De acuerdo con la información presentada, las investigaciones concluyen que las irregularidades detectadas constituyen una continuidad de hechos presuntamente vinculados a la malversación de caudales públicos. El Ministerio Fiscal sostiene que parte de los perjuicios económicos sufridos por el Estado se produjeron a través de prácticas de gestión que habrían facilitado que terceros se beneficiaran indebidamente de recursos públicos.
Entre los principales hallazgos figura la supuesta omisión sistemática de retenciones fiscales a empresas contratistas que prestaron servicios a Gepetrol Servicios. Según la Fiscalía, esta práctica habría provocado pérdidas para el Estado superiores a 3.110 millones de francos CFA en concepto de impuestos no ingresados.
La investigación también señala al exdirector general de Gepetrol Servicios, Eliseo Nzeng Eneme Onvua, por la presunta apropiación de varios vehículos pertenecientes a la empresa tras su cese en el cargo en 2022. Según la Fiscalía, algunos de estos vehículos habrían sido trasladados a propiedades privadas en Mongomo y otros permanecieron en Malabo.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que durante su gestión se habría producido un conflicto de intereses relacionado con el alquiler de camiones cisterna para el transporte de combustible. Según los investigadores, el entonces responsable de la empresa habría adquirido vehículos a título personal y posteriormente los habría arrendado a Gepetrol Servicios mediante contratos que generaron pagos acumulados por valor de 5.400 millones de francos CFA. A ello se sumarían cerca de 1.798 millones de francos CFA en impuestos presuntamente no abonados al Tesoro Público.
Otro de los aspectos destacados del expediente se refiere a pagos realizados a clínicas privadas pese a que los trabajadores de la empresa ya estaban cubiertos por el sistema de seguridad social a través del INSESO. La Fiscalía estima que entre 2024 y la actualidad se desembolsaron más de 376 millones de francos CFA a centros sanitarios privados supuestamente vinculados a familiares, allegados o personas cercanas a miembros de la dirección.
Las pesquisas también recogen presuntos casos de soborno asociados a la adjudicación de contratos. Entre ellos figura el de una empresa que, según la Fiscalía, habría entregado 100 millones de francos CFA para obtener una contratación. Otro caso citado es el de una factura que habría sido inflada de 60 a 180 millones de francos CFA, permitiendo la apropiación irregular de 120 millones de francos CFA. El monto total atribuido a estas prácticas asciende a unos 264 millones de francos CFA.
A ello se suman presuntos pagos realizados sin respaldo contractual ni documentación justificativa. La Fiscalía sostiene que determinadas partidas fueron retiradas directamente de las cuentas de la empresa bajo conceptos como mantenimiento de espacios verdes o mantenimiento de infraestructuras, sin que existan contratos o pruebas suficientes que acrediten la efectiva prestación de los servicios. El perjuicio económico derivado de estas operaciones superaría los 293 millones de francos CFA.
«Las pruebas están en el expediente; los desvíos de dinero están documentados, las transferencias están documentadas, los contratos están documentados y también constan los hechos relacionados con servicios que no existen, la apropiación de vehículos de la empresa y los pagos realizados a clínicas privadas pese a existir ya una cobertura sanitaria. Todo eso forma parte de la investigación», ha declarado.
