El Primer Ministro del Gobierno, Encargado de la Coordinación Administrativa, Manuel Osa Nsue Nsua, ha presidido ayer una sesión de trabajo con carácter urgente junto al Viceprimer Ministro Primero, el Ministro Secretario General de la Presidencia del Gobierno, los ministerios de Igualdad de Género y Asuntos Sociales e Interior y Administración Territorial, además del Gobernador de Bioko Norte y el Alcalde de Malabo, para analizar el creciente número de adolescentes, jóvenes y menores de edad que ejercen la mendicidad en las calles y otros espacios públicos, así como la utilización de menores en actividades de venta ambulante.
La reunión responde a las instrucciones impartidas por el presidente de la República, Obiang Nguema Mbasogo, quien ha manifestado su preocupación por una situación que afecta a la imagen del país, vulnera los derechos fundamentales de los menores y exige una actuación inmediata y coordinada de todas las instituciones competentes.
Durante la sesión se recordó que el Gobierno dispone de un sólido marco jurídico para la protección de la infancia, encabezado por el Decreto n.º 147/2023, de 21 de noviembre, por el que se adoptan medidas para la protección de los menores en la República de Guinea Ecuatorial. Esta norma reafirma el compromiso del Estado con la protección integral de la infancia y la adolescencia y con la erradicación de toda práctica que comprometa su bienestar, educación, seguridad y desarrollo.
En este contexto, el Primer Ministro instruyó a los ministerios de Interior y Administración Territorial e Igualdad de Género y Asuntos Sociales para que, en estrecha coordinación con las gobernaciones, ayuntamientos y administraciones locales, diseñen e implementen un plan de trabajo que permita retirar a los menores de las calles, reforzar los mecanismos de asistencia social y evitar que continúen produciéndose situaciones de mendicidad y venta ambulante protagonizadas por niños y adolescentes.
Asimismo, dispuso la implicación activa de los cuerpos de seguridad del Estado para reforzar las labores de prevención, vigilancia y control, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente y actuando siempre con respeto a la dignidad de las personas y a los derechos de los menores.
El Gobierno recuerda igualmente que los padres, madres, tutores o representantes legales que permitan, promuevan o consientan la participación de menores en actividades de mendicidad, venta ambulante u otras prácticas prohibidas podrán incurrir en responsabilidad penal, de conformidad con lo establecido en el Capítulo XI del Código Penal, relativo al abandono y la desprotección de menores, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas o civiles que correspondan.
Del mismo modo, el Ejecutivo reitera a los propietarios y responsables de bares, restaurantes, discotecas, comercios y demás establecimientos públicos que está terminantemente prohibida la venta, el suministro o la facilitación de bebidas alcohólicas a personas menores de edad, advirtiendo que el incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la legislación vigente.
El Gobierno hace un llamamiento a toda la ciudadanía, autoridades locales, líderes comunitarios y familias para colaborar activamente en la protección de la infancia, el respeto de las normas de convivencia y la preservación del orden público, reafirmando que la protección de los menores constituye una responsabilidad compartida y una prioridad permanente del Estado.