El Vicepresidente de la República, Nguema Obiang Mangue, ha mantenido este martes 18 de agosto una nueva reunión con representantes de Jiangxi Ganliang Industrial para revisar el alcance de ambas iniciativas, en un encuentro celebrado en la Jefatura del Estado, en Malabo, con la participación del primer ministro y otros miembros del Gobierno.
Durante la sesión, la parte ecuatoguineana ha examinado especialmente las previsiones económicas y productivas planteadas por la empresa asiática. El vicepresidente se ha interesado por el coste de las inversiones y por la capacidad anual estimada para cada una de las líneas de producción.
Según los datos presentados por Jiangxi Ganliang Industrial, la planta de arroz tendría una capacidad de producción de un millón de kilogramos anuales, mientras que el proyecto destinado a la fabricación de pienso alcanzaría los dos millones de kilogramos por año. Ambas iniciativas implican una inversión de varios millones de francos CFA.
Ante estas previsiones, Nguema Obiang Mangue ha planteado la necesidad de disponer de un análisis especializado antes de avanzar hacia la firma del acuerdo de ejecución. Para ello, ha recomendado a las instituciones competentes contactar con una oficina de expertos o con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a fin de realizar un estudio técnico que determine la viabilidad de los proyectos y establezca con mayor precisión los costes asociados a su puesta en marcha.
La propuesta se enmarca en la estrategia del Gobierno de reforzar la producción nacional de alimentos y reducir progresivamente la dependencia de las importaciones. En este contexto, la producción de arroz figura entre las alternativas consideradas para ampliar la oferta local y garantizar un mayor abastecimiento de los mercados nacionales.
El vicepresidente ha subrayado la importancia de contar con criterios técnicos independientes antes de comprometer una inversión de esta magnitud. La evaluación deberá permitir determinar si las capacidades productivas previstas, los costes de ejecución y las condiciones del proyecto resultan adecuados para garantizar su sostenibilidad.
Las autoridades consideran que la iniciativa puede contribuir a la creación de empleo, al incremento de la producción alimentaria y a la generación de valor añadido dentro de la economía nacional.