La propuesta legislativa plantea que el sistema informativo nacional deberá garantizar la expresión de la diversidad social, cultural, política, económica y deportiva del país. Para ello, contempla la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, tanto públicos como privados.
En materia de financiación, el proyecto establece que los fondos previstos en el Presupuesto General del Estado para subvencionar a los medios de comunicación deberán destinarse mayoritaria y preferentemente a la publicación o difusión de contenidos en los propios medios sociales. La disposición busca vincular las ayudas públicas al desarrollo efectivo de la actividad comunicativa.
Entre los principios que regirán el ejercicio de la prensa figuran la prohibición de la censura, la independencia, el pluralismo, el derecho de acceso a la información, la ausencia de controles indirectos y la responsabilidad ulterior, junto con la diligencia profesional. Para la actividad periodística, la propuesta añade como principios la verdad, la responsabilidad, el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales.
El texto establece además obligaciones profesionales específicas. Los periodistas deberán respetar la verdad y procurar que las informaciones difundidas sean veraces, contrastadas, precisas y suficientemente contextualizadas, como parte de los estándares que deberán orientar el ejercicio de la profesión.
Respecto al reconocimiento profesional, el proyecto contempla varias vías de acceso a la condición de periodista. Podrán ser reconocidos quienes estén en posesión de un título universitario en Ciencias de la Información reconocido por las instituciones académicas del país, así como los egresados de centros de formación oficialmente reconocidos por el Ministerio de Educación que dispongan del correspondiente diploma.
La iniciativa también prevé el reconocimiento de quienes hayan ejercido la actividad periodística durante un mínimo de cinco años. En estos casos, será necesario acreditar documentalmente un ejercicio efectivo y continuo de la profesión mediante contratos, certificados de trabajo, publicaciones, emisiones, acreditaciones de formación, certificaciones expedidas por el medio de comunicación u otros medios de prueba que sean admitidos reglamentariamente.
Las disposiciones forman parte de las materias abordadas durante las deliberaciones del proyecto de ley. Las cuestiones planteadas por los participantes han sido respondidas por la delegación del Gobierno presente en los debates, encabezada por la secretaria de Estado del Ministerio de Información, Prensa, Cultura y Turismo, María Mrgarita Nchama.
La propuesta busca establecer así un marco jurídico específico para el funcionamiento de los medios de comunicación y el ejercicio profesional del periodismo, combinando garantías relacionadas con la libertad de prensa y el pluralismo con obligaciones destinadas a reforzar la responsabilidad y la calidad de la información difundida.