El Parlamento aprueba por unanimidad la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas

La nueva normativa establece el marco de actuación del Tribunal de Cuentas regulando los procedimientos para fiscalizar la gestión económico-financiera del sector público y exigir responsabilidades contables por el manejo de fondos públicos.

El Parlamento ha aprobado la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas de Guinea Ecuatorial. Una iniciativa legislativa que tiene como objetivo la ordenación del funcionamiento del Tribunal de Cuentas, las atribuciones de su Órgano, el estatuto de sus miembros, así como la regulación de los procedimientos, mediante los cuales esta institución lleva a cabo la función de fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público, incluyendo lo que es la regulación de los procedimientos que se lleva a efecto el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en el que puedan incurrir quienes tengan a su cargo el manejo de los caudales o efectos públicos.

Al tratarse de un órgano constitucional que emana del Parlamento, un grupo de diputados asumía esta iniciativa legislativa y, habiendo dado cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno en cuanto a las proposiciones de ley.

Ayer martes, 1 de septiembre, la Comisión Parlamentaria de Economía, Hacienda, Presupuestos y Comercio ha presentado sus conclusiones ante el pleno de la Cámara que ha aprobado disposición de Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas por unanimidad de los dos grupos parlamentarios.

La delegación del Tribunal de Cuentas que encabezaba su presidente Melchor Esono Edjo ha agradecido a los representantes del pueblo por su apoyo unánime. “Los miembros del Tribunal de Cuentas salen satisfechos en este hemiciclo por la aprobación de este instrumento, lo que ha demostrado la voluntad y el patriotismo de esta Cámara en adoptar leyes en beneficio del país y del pueblo”, ha subrayado el presidente.

Resaltar que el Tribunal de Cuentas es un órgano técnico constitucional con autonomía administrativa encargado del control económico-financiero del sector público, cuya finalidad consiste en garantizar la legalidad, eficiencia y la transparencia en la gestión de los fondos públicos.

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