Continúan las vistas orales en el tribunal militar que preside el General de División, Alejandro Mitogo, sobre el supuesto asesinato del caballero cadete, Justino Obiang Ntutumu, fallecido el pasado mes de enero 2021, donde es acusado el cabo de las fuerzas terrestres, José Luis Ona Ondo. La fiscalía pide imponerle una pena de 54 años y seis meses de arresto mayor y una indemnización de 10 millones de FCFA a la familia del finado.
Un disparo de la balística acabó con la vida de Justino Obiang Ntutumu el día 1 de enero de 2021, mientras el joven disfrutaba de sus vacaciones en la casa de su hermano que también es militar en las fuerzas especiales.
José Luis Ona Ondo, con 12 años de servicio militar, Cabo, está siendo juzgado por 4 delitos:
Asesinato, la fiscalía pide imponerle una pena de 30 años de prisión mayor; fraude, a la pena de 24 años y 6 meses de prisión por escándalo público y una indemnización por 10 millones de FCFA a la familia del finado y 100 mil francos a ingresar al tesoro público, en concepto de pago de las dos municiones perdidas.
Todo apunta que el procesado salió de guardia, entró una casa-bar en la presidencia, mientras la gente festejaba por el año nuevo, el Cabo dió un tiro al aire libre, como una manera de festejar.
Más tarde según el relato de uno de los testigos, recogido por la fiscalía, el cabo le dio por prestado la pistola al cadete con la finalidad de hacer «mañas» con sus compañeros. Por lo tanto se especula que el finado pudo suicidarse con ese arma. Algo que descarta la fiscalía en su informe final, afirmando que, en caso de un suicidio, la pólvora quemaría el orificio, algo contrario a las pruebas presentadas.
Entre los procesados se encontraba la novia del finado y su compañero, también cadete. También figuraban como testigos, el hermano del finado y su novia, una prima y otros residentes de la misma zona con los que disfrutaron aquel día de la llegada del año nuevo.
No se ha podido demostrar claramente cómo el Cabo José Luis mató supuestamente al cadete, la fiscalía habla de un hecho premeditado.
La defensa ha mostrado su total disconformidad, al considerar que la fiscalía no ha podido demostrar pruebas contundentes que recriminen a su defendido, ni ha tenido acceso a las pruebas que pedían para su defensa. Asegura que la fiscalía no ha actuado en derecho y se sienten indefensos en no poder tener acceso a estas pruebas requeridas; el informe del forense, las huellas del arma omicida, experto de la balística, etc.
La fiscalía ha retirado la acusación que pesaba sobre los de más implicados, al demostrar que no tuvieron nada que ver en el asesinato del joven. Y tras escuchar todos los alegatos, tanto de la fiscalía como de la defensa, las vistas han quedado para la sentencia cuándo lo avise la mesa.