En Malabo varias familias disponen de menos de 24 horas para desalojar sus viviendas tras una orden de demolición

El Gobierno ha dado luz verde al derrumbe de varios edificios coloniales en su programa de limpieza y adecentamiento de la ciudad de Malabo.

Mañana jueves, 24 de febrero,  varios edificios antiguos de la era colonial, situados al costado del barrio Chino de Malabo, serán totalmente demolidos. Hoy se ha comenzado por las edificaciones anexas al lugar. El Gobierno ha anunciado a los moradores que disponen de menos de 24 horas para desalojar la zona. La decisión ha sido anunciada a los vecinos por una comisión que lidera el primer ministro, Francisco Pascual Obama Asue, a su paso por los diferentes lugares de la vía.

Esta vez parece que los lugareños no se resisten, “no hay nada que hacer, vamos a quitar las cosas, nos han dado hasta mañana”, decía un vecino. La demolición empezará desde los edificios en frente del estadio La Paz hasta el límite con el Ministerio de Trabajo.

Los moradores se quejan del corto plazo dado, aunque ya se venia recomendando abandonar el lugar por el estado de deterioro de los edificios. En marzo de 2020, varias familias se salvaron del derrumbamiento de un piso en uno de estos edificios coloniales. El Gobierno ordenó el desalojo total y su posterior destrucción, pero los inquilinos resistieron por no tener alternativas.

Según ha informado el Ministerio de Obras Públicas, desde el año 2016, el Gobierno había avisado a los ocupantes de abandonar el edificio debido a su deteriorado estado de conservación. Y en 2019 el primer ministro hizo lo mismo.

En el suceso del derrumbe en marzo de 2020, el entonces ministro de Obras Públicas, Diosdado Nsue Medja, recomendó a los afectados realizar las gestiones oportunas mientras el Gobierno buscaba dónde alojarles. “No prometemos que mañana o pasado tendrán viviendas sociales, tenemos que hacer los trámites necesarios”, unos trámites que parece que no han dado resultado.

Ante los efectos de la pandemia del coronavirus, muchas familias se encuentran en situaciones difíciles, pero también corren el riesgo en caso de no desalojar en el plazo establecido de volver a incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.

 

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