Comercial Santy condenado a pagar 411.400.000 de francos cefas al Estado ecuatoguineano

La empresa esta obligada a destruir los artículos caducados y quedan confiscadas, las máquinas estampadoras de las fechas de caducidad.

La Audiencia Provincial de Litoral procedió el pasado lunes a la publicación de la sentencia del expediente número 11/2022, en el que se acusa a la firma Comercial Santy de varios delitos, entre ellos el de un atentado contra la salud pública de venta de productos caducados o nocivos para la salud de las personas. Las penas impuestas ascienden a la totalidad de 411.400.000 francos cefas a ingresar al Tesoro Público.

La Fiscalía ha condenado a Víctor Fernández y Estefan Rodríguez a las penas de multa de 1.500.000 francos cefas para cada uno por su colaboración notoria como responsables, criminalmente, y cómplices de la ejecución contra el delito de la salud pública. Mientras que a Juan Pablo Ríos, Jonathan Andrea, María Camila, Carolina Cáceres, Paula Andrea López, Jorge Eliecel, Paula Andrea Ortega Neider Edith, José Fernando Salazar, Sueler Kumer, Sahi Ehaza y Gudam Tese han sido penalizados con una multa de 700.000 francos cefas por persona, a ingresar al Tesoro Público por su grado de colaboración en la indicada infracción penal.

La empresa Santy deberá ingresar al Tesoro Público el importe de dichas multas, justificando el mismo ante la Secretaría del Tribunal, y acordar el decomiso y la inutilización de las máquinas estampadoras utilizadas para la ejecución del delito, objeto de esta causa, y ordenar la inutilización y destrucción de los productos caducados que sirvieron como piezas de convicción

Por otra parte, se ha absuelto a los demás implicados con todos los pronunciamientos favorables por este delito acusado por el Ministerio Fiscal por no haber tenido participación alguna. De igual manera, se ha dado a conocer las sentencias sobre los delitos de alteración de fechas de caducidad, venta de género corrompido a la población, blanqueo de capitales y otros delitos por los que se acusaba a la firma Santy y algunos de sus empleados, fijándoles una responsabilidad civil, directa y subsidiaria de 400. 000.000 de francos cefas a favor del Estado ecuatoguineano, debiendo ingresar la totalidad de 411.400.000 francos cefas en las arcas del Estado.

Salir de la versión móvil