El Ministerio de Comercio, Pequeñas y Medianas Empresas ha sancionado la Orden Ministerial N.º 3/2022 de fecha 28 de junio, por la que el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial adopta ciertas medidas administrativas contra la empresa Comercial Santy.
«Queda totalmente prohibida a la Sociedad Comercial Santy las importaciones, suministros y venta de cualquier tipo de producto alimenticio en nuestro país ya sean productos frescos, transformados, congelados o enlatados. Se le prohíbe así mismo la importación, venta de productos farmacéuticos y para farmacéuticos en la República de Guinea Ecuatorial. Quedan totalmente canceladas las autorizaciones y licencias que le permitían la actividad descrita», recoge la Orden Ministerial. Quedándole autorizado la importación y comercialización de otros tipos de mercancías de venta al público.
Este mismo mes la Audiencia Provincial de Litoral publicó la sentencia del expediente número 11/2022, en el que se acusa a la misma firma Comercial Santy de varios delitos de atentado contra la salud pública de venta de productos caducados o nocivos para la salud de las personas, imponiéndole las penas que ascendían a 411.400 millones de francos cefas a ingresar al Tesoro Público.
El Gobierno de Malabo considera que Comercial Santy ha violado el Articulo 20/b de la Ley N.º 7/2022 de fecha 1 de noviembre, por el que se regulan los servicios veterinarios en la República de Guinea Ecuatorial, el cual prohíbe la venta de artículos alimenticios caducados, asimismo los artículos 94 y 95 de la misma ley cuando establecen como faltas muy graves todos aquellos actos o procedimientos que pongan en amenaza o riesgo manifiesto la salud pública o el medio ambiente o que indica en el resultado de muerte de las personas o animales.
Comercio certifica una vez más que la empresa comercial Santy ha manipulado fraudulentamente las fechas de caducidad de los productos alimenticios de venta al público en general para consumo, y se constata que ha sido una práctica habitual de esta empresa durante varios años, un comportamiento ya calificado de nefasto, fraudulento y peligroso para la salud de los ciudadanos ecuatoguineanos. Y no solo ha violado las disposiciones legales, sino que el daño se ha infringido a la imagen de gobierno, siendo el deber de éste, proteger la salud pública de los ecuatoguineanos y extranjeros residentes en el territorio nacional.
Se faculta a la Dirección General de Supervisión de Actividades Comerciales y Precios y a los Servicios de Inspección General del Ministerio de Comercio, velar por el exacto cumplimiento de lo establecido en esta Orden Ministerial.