Cárceles llenas. Este es uno de los principales temas que llevan al Consejo de la Corte Suprema de Justicia a convocar a los jueces, fiscales y secretarios judiciales de los juzgados de primera instancia e instrucción de la parte insular del país.
Según ha explicado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Evuy Nguema Mikue, «el colapso de las cárceles públicas se debe al poder judicial», especialmente los jueces. Ha expresado su deseo de que los jueces hagan su trabajo y que no acumulen, seleccionen o archiven algunos expedientes. Ha mostrado la problemática de que un preso que ingresó en la cárcel más tarde reciba su juicio antes de uno que lleva más tiempo privado de libertad.
Los jueces, por su parte, han puesto sobre la mesa los problemas por los que atraviesan y las limitaciones que tienen, tales como el escaso, inconcluyente y a veces inexistente proceso judicial legal que favorece la masificación de las cárceles de reclusos en prisión preventiva, tras haber cometido actos como corrupción, agresión sexual o por pertenecer a bandas criminales, entre otros delitos. También han declinado la responsabilidad al cuerpo castrense quienes fomentan estas situaciones cuando detienen a los imputados y cuando actúan de manera negligente durante el arresto.
«Hay chicos que están en Oveng Azem y en Bata que llamamos de urgencia, pero cada vez que se les solicita para oírles en declaración, yo creo que el administrador ni sabe dónde están», ha indicado una de las juezas que intervinieron en esta convocatoria.
El jefe de Estado ya había calificado la masificación de las cárceles como inadmisible, considerando el elevado coste del mantenimiento de estas cárceles públicas. Evuy Nguema Mikue felicitó a los vocales del consejo superior quienes, en estas últimas semanas, se desplazaron a las cárceles públicas a clasificar a los presos según expedientes. En esta gira de trabajo se han registrado a reclusos que no han sido juzgados, pero que ya superaron con creces el tiempo estimado de condena.
La Corte Suprema de Justicia busca desmasificar las diferentes cárceles públicas, por lo que continúa trabajando en un nuevo plan para lograrlo. Entre otras medidas se proponen que los presos por corrupción y desvío de fondos públicos obtengan libertad condicional tras haber pagado un 50% de la penalización, que se podría completar con un calendario de pago; realizar juicios rápidos por ley e instalar salas de juicios en las cárceles públicas para evitar el traslado de presos peligrosos hasta la audiencia.
Se espera que antes del 12 de octubre, Día de la Independencia Nacional de Guinea Ecuatorial, las cárceles públicas vuelvan a su estado normal.