En su apuesta por la modernización y eficiencia administrativa, el ministerio del Interior y Corporaciones Locales llevó a cabo ayer lunes, 11 de marzo de 2024 una reunión cuyo objetivo era coordinar el proceso de matriculación de vehículos motorizados. Este paso se alinea con los esfuerzos continuos del país, para mejorar los servicios públicos y adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad.
Este encuentro presidido por el Director General de Tráfico Rodado y Seguridad Vial, Silverio Beka Beka Nkama también contó con la presencia del Delegado Regional Insular, Adolfo Ntutumu, así como el Coordinador Nacional de la Oficina Única de Tramitación de la Documentación de los Vehículos de Guinea Ecuatorial, Dr. Pablo Nguema Obama Eyang.
En esta reunión discutieron juntos sobre la implementación de procedimientos internos más eficientes para la matriculación de vehículos, basando en el Decreto 163/2021 de fecha 20 de diciembre, el cual instauró la OFIVEGE (Oficina Única de Vehículos de Guinea Ecuatorial), estableciendo la Cartulina Única de Vehículos (CUVE), como documento fundamental para la circulación de vehículos.
Dicho documento unifica varios requisitos previos, simplificando el proceso para los ciudadanos. El procedimiento para la expedición de la documentación de vehículos comienza en la OFIVEGE, donde se presentan los documentos requeridos y se realiza el pago de las tasas correspondientes. Posteriormente, se verifica la seguridad técnica del vehículo en la ITV y se confirma la propiedad en las Delegaciones Regionales de la Dirección General de Tráfico Rodado y Seguridad Vial.
Por su parte, Silverio Beka Beka Nkama ha subrayado la importancia de adaptar la Administración Pública a un entorno que exige mayor eficiencia y efectividad. En este sentido, Beka Beka ha señalado la formación que están llevando a cabo los nuevos agentes de tráfico que en fechas próximas podrían incorporarse al cuerpo, precisando que estas medidas no solo buscan agilizar los trámites, sino también buscan promover la transparencia y combatir actos arbitrarios en concordancia con la Ley N.º 1/2021 de fecha 10 de mayo sobre la Prevención y Lucha contra la Corrupción. Este enfoque renovado en la gestión pública es el reflejo del compromiso del país, para avanzar hacia un servicio más accesible, transparente y eficiente beneficiando así a todos los ciudadanos.
