Desde el año 2020 el Juzgado Central de Instrucción núm. 005 de Madrid, está conociendo una causa seguida contra Miembros de Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y Altos Funcionarios del Estado, por los supuestos delitos de SECUESTRO, DESAPARICIÓN DE PERSONAS, TORTURA entre otros. El conocimiento de la causa por dicho juzgado surge a raíz de la denuncia presentada por el MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE GUINEA ECUATORIAL -TERCERA REPUBLICA (MLGE3R)-, con sede en el Reino de España, cuyos miembros fueron los autores, financiadores y partícipes de los hechos acaecidos en la ciudad de Ebibeyín en diciembre del año 2017, por introducir mercenarios al territorio nacional, sin otra intención que ejecutar actos de terrorismo.
A día de hoy, los órganos jurisdiccionales del Reino de España han tomado diversas decisiones, como el embargo de bienes de los imputados, la emisión de órdenes de arresto internacional y la conversión de diligencias previas en sumario. Sin embargo, destaca la negativa del Juzgado de Instrucción de España de transformar las diligencias en un sumario, argumentando que no está suficientemente acreditada la jurisdicción de España en este caso, una situación que permanece sin resolución en el Tribunal Supremo del Reino de España, que todavía sigue sin pronunciarse sobre la competencia del país en la causa.
Durante la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación este miércoles, 5 de marzo, el Fiscal General de la República, Anatolio Nzang Nguema, ha respondido sobre esta acusación, explicando que los hechos que recogen los denunciantes son «infundados e injustificables». El representante legal del Estado ecuatoguineano ha asegurado que «los órganos judiciales del Reino de España reconocen que no tienen competencia jurídica para tratar este asunto». «La audiencia de España trasladó el caso al Juzgado de Instrucción y solicitó que se conviertan las diligencias previas en sumario; y el juez aseguró que primero se debía decidir la competencia publicando un auto en el que reconoce que la causa debe ser trasladada a los tribunales de Guinea Ecuatorial, porque los hechos no se cometieron en España», explicaba Anatolio Nzang a los medios de comunicación.
El Fiscal General considera que la actuación de la justicia española es “ilegal”, al comprobar que primero se habla de un “movimiento de liberación”, que es un grupo que “no tiene legitimidad”, porque “están formados y motivados para derrocar Gobiernos y atentar contra el orden constitucional de los Estados». «Los movimientos de liberación se crean con fines de cometer delitos y sus miembros fueron condenados por la intentona golpista de 2017″, señala el Fiscal General.
El Movimiento de Liberación sostiene en su denuncia que los imputados, llevaron a cabo secuestros en Sudán y trasladaron supuestamente a las víctimas a Guinea Ecuatorial. Además, afirman que estas personas han sido torturadas y que sus familiares en España no tienen información sobre su paradero; también destacan que la República de Guinea Ecuatorial es reconocida por perpetrar actos de este tipo. En cambio, el Ministerio Fiscal ecuatoguineano califica esa narración y persecución judicial de “incoherente”, ya que no guarda relación alguna con las leyes del Estado español que fijan la competencia.
«Los supuestos hechos ni fueron cometidos por españoles, ni extranjeros con nacionalidad española, ni a bordo de buques o aeronaves españoles, ni siquiera son los delitos previstos por traición, la paz, independencia del Reino de España, etc. ¿Cuál es la argumentación jurídica para que nuestros ciudadanos y miembros del Gobierno sean perseguidos y que como tal comparezcan ante un tribunal ordinario de España y respondan a estas acusaciones?», cuestiona la Fiscalía General del Estado.
La posición de la República de Guinea Ecuatorial en este asunto es clara: los ciudadanos de Guinea Ecuatorial, miembros del Gobierno y Altos Funcionarios investigados no pueden comparecer para responder ante Tribunales ordinarios españoles por delitos que no cometieron. En este sentido, el Fiscal General concluía diciendo que «los Tribunales españoles deben responder de la legalidad y legitimidad del Movimiento de MLGE3R, y explicar por qué están en su territorio y admitirles como parte en un proceso judicial».
Sigan el CANAL de Ahora EG en WhatsApp
