El Ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, declaró a la emisora estatal Rwanda TV, que las conversaciones se encontraban «en sus primeras etapas», según Reuters. «Aún no se ha llegado a una etapa en la que podamos decir exactamente cómo se desarrollarán las cosas, pero las conversaciones siguen en curso», afirmó Nduhungirehe.
El anuncio se produjo tras múltiples informes periodísticos que indicaban que Estados Unidos buscaba socios internacionales para deportar personas. En abril, Estados Unidos ya deportó a Ruanda a un iraquí acusado de trabajar para ISIS, según Reuters.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido llevar a cabo la «mayor operación de deportación» en la historia de Estados Unidos. Más de 250 hombres venezolanos y salvadoreños han sido deportados a una prisión en El Salvador en los últimos meses, por su presunta participación en pandillas. Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para justificar estas deportaciones. La ley otorga al Presidente poderes en tiempos de guerra y permite la deportación de extranjeros sin el debido proceso.
La Administración Trump también tiene en la mira a activistas estudiantiles e inmigrantes legales. Esta campaña de expulsión enfrenta impugnaciones legales en los tribunales federales estadounidenses. Según informó la CNN Estados Unidos está considerando enviar migrantes con antecedentes penales a Ruanda y Libia.
En los últimos años, Ruanda ha intentado posicionarse como un destino para que los países occidentales deporten a migrantes no deseados. Kigali firmó un acuerdo con el Reino Unido en 2022 para acoger a miles de solicitantes de asilo. El acuerdo fracasó después de que tribunales británicos y europeos suspendieran los vuelos programados por motivos de derechos humanos.
La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados advirtió del riesgo de que algunos migrantes enviados a Ruanda fueran devueltos a los países de los que habían huido. Kigali ha negado esta afirmación. El Primer Ministro británico, Keir Starmer, canceló definitivamente el acuerdo tras asumir el cargo en 2024. La ministra del Interior, Yvette Cooper, afirmó que el plan le había costado al Reino Unido 700 millones de libras (unos 821 millones de euros) y que solo se enviaron «cuatro voluntarios» a Ruanda.
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