Esta decisión se ha tomado en un panel de cinco miembros, donde la jueza Cármen Lúcia Antunes se unía a los votos favorables de los jueces Flávio Dino y Alexandre de Moraes, el relator del caso. Los cargos que enfrenta Bolsonaro incluyen tentativa de golpe, organización criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.
El miércoles, la votación en contra de Luiz Fux había generado expectativas para Bolsonaro, cuya pena será determinada una vez se conozca el voto restante de Cristiano Zanin. A pesar de declararse inocente, el exmandatario podría enfrentar hasta 40 años de prisión, según las estimaciones de la Fiscalía. La jueza Antunes afirmó: “Doy por comprobado que Jair Bolsonaro cometió los crímenes en la condición de líder de organización criminal”.
Este caso marca un hito en la historia de Brasil, siendo la primera ocasión que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado. Actualmente, Bolsonaro está bajo arresto domiciliario debido a su incumplimiento de las restricciones impuestas por el tribunal. Junto a él, siete altos asesores y exministros fueron juzgados por su papel en lo que los fiscales describen como el “centro neurálgico” de una organización criminal que buscaba desmantelar el régimen democrático, culminando en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023. Hasta la fecha, más de 600 personas han sido condenadas por su participación en esos eventos.
Si Bolsonaro decide apelar la condena, el pleno de 11 miembros del Supremo Tribunal no revisará el caso en su totalidad, sino que se enfocará en aspectos específicos como posibles contradicciones en la sentencia, la duración de la pena o interpretaciones legales.
A sus 70 años, Bolsonaro ya había sido condenado en 2023 por otro caso, lo que le impide ejercer cargos públicos durante ocho años, tras ser hallado culpable de abuso de poder por difundir información errónea sobre la seguridad del sistema electoral brasileño ante gobiernos extranjeros. Este juicio también ha captado la atención internacional, especialmente en Estados Unidos, donde el Presidente Donald Trump ha calificado el proceso como una “cacería de brujas”. La portavoz de la Casa Blanca, al ser consultada sobre el juicio, afirmó que Trump “no tiene miedo de usar el poder económico y militar” de su país para proteger la libertad de expresión. En respuesta, el Gobierno de Lula destacó que “el primer paso para proteger la libertad de expresión es defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas”.
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