Según ha adelantado hoy Televisión Guinea Ecuatorial (TVGE), el Juzgado de Instrucción Número 1 de Malabo ha tomado declaración este miércoles a los directivos del colegio San Juan, señalados como presuntos imputados en el caso de falsificación de boletines escolares en dicho centro.
Entre los señalados, se encuentra el actual director del colegio, quien ha sido cuestionado por el juez tras detectar posibles actos premeditados en el asunto. Hasta el momento, las investigaciones indican que el director pudo haber actuado con retraso, elaborando tardíamente el informe académico que tenía que remitir al Ministerio de Educación para informar sobre la situación. En este sentido, la autoridad judicial ha ordenado a la Gendarmería Nacional retener temporalmente al director mientras continúan las diligencias. El juez no descarta tomar medidas cautelares para el resto de los involucrados.
Naturaleza del asunto
El Juzgado de Instrucción Número 1 de Malabo inició el pasado viernes, 26 de septiembre una investigación sobre una supuesta trama de falsificación de 25 boletines en el Centro Integrado San Juan de Malabo. El caso salió a la luz durante el inicio del actual proceso de matrículas, y se investiga un total de 25 boletines alterados correspondientes a los grados de Secundaria y Bachillerato.
Tras la remisión del caso a instancias judiciales, el juez de Instrucción Número 1 de Malabo citó a las partes implicadas, incluido el actual director del centro, el jefe de estudios y el exdirector, para esclarecer los hechos en una diligencia preliminar. La audiencia, celebrada ante el juez tenía como finalidad tomar las primeras declaraciones de los implicados.
Según el atestado, todo comenzó cuando un guardia de seguridad del centro detectó irregularidades durante un control rutinario. Al parecer, un alumno intentó matricularse con un boletín sospechoso y, tras ser remitido a la jefatura de estudios, se comprobó que se trataba de un documento manipulado: de ocho suspensos que figuraban en las notas oficiales, en el boletín manipulado solo aparecían tres.
El guardia informó al director del centro, quien sugirió esperar para reunir más pruebas y cumplir con el protocolo. Sin embargo, tres días después aparecieron nuevos casos, lo que llevó al personal de seguridad a denunciar los hechos ante la Gendarmería.
Las investigaciones apuntaron a dos profesores voluntarios como principales sospechosos, en complicidad con algunos estudiantes que incluso rellenaban sus propios boletines a su favor. Uno de los docentes declaró ante el juez que la directiva autorizó la reducción de suspensos a ciertos alumnos como incentivo por su participación en actividades deportivas, culturales y extraescolares. En su versión, el trabajo de rellenar los boletines se delegó a los tutores con el visto bueno de la dirección, debido a la carga de trabajo.
El jefe de estudios, por su parte, admitió cierta negligencia por la presión del momento, aunque luego aseguró que «solía verificar las calificaciones durante las matrículas y anular los boletines que no coincidieran con las notas reales». También señaló que nunca estuvo de acuerdo con la política de compensación de notas, la cual atribuyó al entonces director.
El exdirector, sin embargo, desmintió esa versión y sostuvo que la reducción de suspensos fue una medida motivacional para premiar a los alumnos que apoyaban las actividades del centro. El abogado del exdirector planteó en favor de su defendido la preocupación sobre el límite de actuación del guardia de seguridad, suscitando dudas sobre esta acusación.
El juez de Instrucción Número 1, tras escuchar a todas las partes y con el fin de esclarecer aún más el caso, ordenó al actual responsable del centro entregar en un plazo de 24 horas una copia del informe que elevó al ministerio de Educación sobre este caso. El magistrado también solicitó a la empresa de seguridad presentar copia de su contrato con el centro, con el fin de delimitar competencias y aclarar hasta dónde podía llegar un guardia en la verificación de documentos académicos.
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