Para el experto doctor Pablo Nguema, la economía ecuatoguineana comienza a dar señales de una transformación que, hasta hace poco, parecían impensables. Tras más de dos décadas de dominio absoluto del petróleo, los indicadores oficiales apuntan a un cambio de rumbo, puesto que la actividad no petrolera empieza a ganar terreno, la recaudación fiscal se diversifica y el país se prepara, aunque todavía con cautela, para un futuro menos dependiente de los hidrocarburos, como apuntan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INEGE) y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirman ese viraje.
En 2022, el PIB no petrolero creció un 4,2 %, superando al sector petrolero, que apenas avanzó un 1,6 %. Dos años después, la tendencia se afianzó: en 2024, las actividades no extractivas aumentaron un 4,3 %, impulsadas por la administración pública, los servicios y el comercio interior.
Este repunte se reflejó también en las cuentas fiscales. Según el informe Guinea Ecuatorial en Cifras 2024, los ingresos no petroleros alcanzaron los 225.042 millones de F.CFA, un incremento del 4,9 % respecto al año anterior. Detrás de este avance están las reformas fiscales y la modernización de los sistemas de recaudación, en especial la digitalización tributaria y el control de los pagos electrónicos, que ya empiezan a consolidar una base impositiva más eficiente y transparente.
Paralelamente, el Gobierno ha dado un paso significativo en la política presupuestaria. Para el ejercicio 2026, el anuncio del Primer Ministro de Gobierno de destinar 270.264 millones de F.CFA al gasto social, la cifra más alta registrada hasta la fecha, está alineada con una de las conclusiones del Artículo la Ley de los Presupuestos Generales del Estado (2024), que instaba a redirigir los recursos públicos hacia la educación, la salud y el bienestar social, pilares esenciales para fortalecer el capital humano y reducir la dependencia del crudo.
No obstante, el reto estructural sigue presente puesto que el petróleo y el gas representaron todavía el 93,8 % de las exportaciones en 2023, y las previsiones del INEGE alertan de una posible contracción del PIB del 5,5 % en 2025 si la producción de crudo continúa descendiendo. Las proyecciones del FMI refuerzan esta advertencia: los ingresos petroleros mantendrán una tendencia a la baja, lo que obligará al Estado a buscar fuentes fiscales más estables y diversificadas fuera del sector energético.
Aun así, el horizonte de 2026 podría marcar un punto simbólico de equilibrio puesto que por primera vez en más de 20 años, los ingresos no petroleros podrían situarse muy cerca de los petroleros, en torno al 40–45 % del total. Si estas estimaciones se confirman, el país estaría entrando en una fase de diversificación real, donde la economía doméstica, los servicios y el comercio interior comienzan a sostener gran parte de la recaudación pública.
Sin embargo, se advierte que este proceso no puede darse por concluido, si el declive del petróleo continúa al ritmo actual, los ingresos no petroleros deberán acelerar su crecimiento para evitar tensiones fiscales y garantizar la estabilidad del gasto público. La transición ha comenzado, pero su éxito dependerá de la capacidad que se tenga para consolidar las reformas, ampliar la base empresarial y mejorar la productividad de los sectores no extractivos.
En definitiva, parece que se está entrando en una nueva etapa económica. Ya se están dando los brotes verdes del sector no petrolífero, y aunque el camino hacia una economía más equilibrada será largo, el país ha iniciado, por fin, un proceso que podría transformar su estructura económica de forma duradera.
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