La causa se inició a partir de la diligencia N° 478/024, enviada por la Gendarmería Nacional tras recibir denuncias sobre una presunta venta irregular de combustible, que superaba el límite legal de 150 litros por cliente. Las acusaciones involucraban a TotalEnergies, sus agencias de gestión y varios revendedores particulares.
Durante la instrucción, se determinó que TotalEnergies opera como importadora y distribuidora mayorista de carburante, manteniendo contratos de gestión con agencias locales que actúan de manera autónoma. Durante las investigaciones no se demostró que la empresa hubiera autorizado o participado en ventas irregulares que excedieran el límite legal establecido.
La Audiencia se refirió al Decreto número 139/2021, que establece que todos los clientes en las estaciones de servicio tienen derecho a una subvención de combustible hasta un máximo de 150 litros por vehículo. Las pruebas evidenciaron que TotalEnergies y sus agencias implementaron medidas preventivas y correctivas para cumplir con esta normativa, incluyendo la difusión del decreto entre los gestores.
En sus calificaciones provisionales, el Ministerio Fiscal había solicitado penas de prisión que variaban entre un año y diez años para los procesados, junto con multas económicas. Sin embargo, tras la presentación de pruebas y la declaración de los acusados, el Ministerio modificó sus conclusiones, manteniendo la acusación de estafa solo contra algunos de los implicados y reconociendo circunstancias atenuantes para otros.
Después de examinar las pruebas, la Audiencia Provincial de Litoral concluyó que no se había demostrado la comisión del delito de estafa por parte de TotalEnergies ni de sus agencias. El Tribunal destacó que la empresa actuó con diligencia y transparencia, implementando las medidas necesarias para cumplir con la normativa vigente, y no se evidenció perjuicio al erario público.
El Tribunal reconoció su cumplimiento con el principio de legalidad y el debido proceso, subrayando que toda imputación penal debe basarse en pruebas contundentes, y que las empresas que cumplen con la ley merecen protección jurídica frente a acusaciones infundadas. Cabe señalar que esta sentencia no es firme y puede ser objeto de recurso dentro de los cinco días siguientes a su publicación.
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