La sentencia original, dictada en 2023 impuso a Abdel Aziz una pena de cinco años tras ser hallado culpable de haber acumulado ilegalmente activos valorados en 70 millones de dólares. Aunque sus defensores sostuvieron que el proceso judicial estaba influenciado por intereses políticos, un intento previo de apelación fue rechazado en mayo de 2025, resultando en un incremento de la pena en 10 años adicionales.
Ould Abdel Aziz llegó al poder tras un golpe de Estado en 2008 y fue elegido presidente en dos ocasiones, ejerciendo su mandato desde 2009 hasta 2019, cuando decidió renunciar.
En 2021, enfrentó serias acusaciones que incluían enriquecimiento ilícito, abuso de poder, tráfico de influencias y lavado de activos, junto a otros diez personajes destacados, entre los cuales se encontraban dos ex primeros ministros. Desde su condena, ha perdido no solo sus bienes, sino también sus derechos civiles.
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