Esta instrucción se ha dado este miércoles 7 de enero durante una reunión de trabajo celebrada en el Palacio del Pueblo, en la que el Vicepresidente de la República ha reunido a varias carteras ministeriales para analizar la situación económica de las empresas paraestatales. En la reunión, ha señalado que el Estado invierte grandes cantidades de dinero cada año para sostener estas empresas, pero muchas de ellas no generan beneficios ni resultados positivos, lo que supone una carga constante para el presupuesto nacional.
En este contexto, ha ordenado que en la primera semana de febrero le presenten planes concretos para reducir gastos innecesarios, revisar los salarios y disminuir la dependencia de las subvenciones estatales. El objetivo, ha señalado, es que estas empresas puedan operar con mayor eficiencia y dejar de representar un déficit permanente.
Asimismo, Nguema Obiang Mangue ha mandatado la valoración de los activos de las empresas con participación del Estado, con el fin de disponer de datos objetivos que permitan determinar si su mantenimiento bajo control público resulta viable o si, por el contrario, conviene estudiar procesos de privatización total o parcial que mejoren su rendimiento, explotación y rentabilidad.
Durante la misma sesión, el Vicepresidente ha instruido al Ministerio de Hacienda a elaborar un plan de reforzamiento del sistema de recaudación fiscal, tras constatar que numerosas empresas eluden de forma sistemática sus obligaciones tributarias. En este sentido, también ha prohibido de manera expresa el levante directo de mercancías, una práctica que, según ha advertido, facilita irregularidades y debilita los mecanismos de control.
Otro de los puntos abordados ha sido la situación de la flota aérea de Ceiba. Al respecto, ha indicado que los aviones deben ser puestos en régimen chárter, ya que en su estado actual generan gastos elevados sin aportar beneficios económicos al país.
Finalmente, la segunda figura política del país ha señalado la necesidad de revisar las subvenciones estatales en materia de combustibles, con el propósito de analizar su impacto real y corregir posibles abusos y evitar que estas ayudas afecten negativamente a las cuentas públicas.
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