Durante el encuentro, las autoridades expresaron su indignación por la gestión del incidente. El comandante del vuelo decidió no aterrizar en Malabo ni ofrecer una solución adecuada para la reubicación de los pasajeros en otros destinos. Según se explicó, la situación dejó a muchos viajeros sin una respuesta inmediata, independientemente de su destino final.
Dos días después de los hechos, se dispuso un avión de la compañía Afrijet para trasladar a los pasajeros hasta Douala. No obstante, esta medida generó un nuevo malestar por parte de las autoridades, al considerar que algunos viajeros quedaron desatendidos, especialmente aquellos que debían continuar su trayecto hacia otros destinos mediante vuelos en conexión.
El Gobierno convocó esta reunión para transmitir formalmente su preocupación, exigir explicaciones a la aerolínea y advertir que este tipo de situaciones no deben seguir registrándose. Las autoridades recordaron que tanto las aerolíneas como los organismos del sector operan bajo normas y códigos establecidos, pero insistieron en la necesidad de adoptar medidas preventivas claras para la gestión de incidencias que afecten a pasajeros en tránsito.
Por su parte, la representación de Air France explicó que la misión de la aerolínea es transportar a sus clientes respetando estrictamente las normas de seguridad. Indicaron que el día de los hechos se produjo una crisis aérea en París, provocada por fuertes tempestades de nieve que obligaron a cancelar aproximadamente el 40 % de los vuelos. Esta situación generó retrasos superiores a cuatro horas y afectó a las tripulaciones, que quedaron inhabilitadas para operar durante un periodo determinado.
Según la aerolínea, se barajaron dos opciones operativas: no aterrizar en Malabo y hacerlo en Douala, o aterrizar en Malabo, desembarcar a parte de los pasajeros y despegar posteriormente sin viajeros. Air France confirmó además que los pasajeros que se encontraban en Douala ya han sido trasladados a París, desde donde continuaron hacia sus destinos finales.
En su intervención, el ministro de Aviación Civil e Infraestructuras Aeroportuarias, Norberto Bartolomé Monsuy Mañé Ándeme, subrayó que es deber y obligación del Gobierno proteger a todos los pasajeros, independientemente de su nacionalidad o destino final, señalando que las autoridades no pueden permanecer pasivas cuando incluso un número reducido de personas resulta afectado.
El ministro expresó su confianza en la experiencia de la aerolínea y manifestó el deseo de que este sea el último encuentro de este tipo, reiterando el compromiso del Gobierno de evitar la repetición de incidentes similares. Asimismo, indicó que se espera identificar a los pasajeros afectados para conocer de primera mano las dificultades sufridas y buscar soluciones adecuadas.
Las autoridades reiteraron su compromiso de velar por los derechos de los usuarios del transporte aéreo y garantizar una gestión más eficaz ante futuras incidencias.
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