El dato se ha dado a conocer durante la reunión de trabajo que el Vicepresidente ecuatoguineano, Nguema Obiang Mangue ha presidido ayer, jueves, 12 de febrero, en el Palacio del Pueblo, en Malabo, junto al Primer Ministro del Gobierno y los responsables de Educación, Obras Públicas, Hacienda, Tesorería y GE-Proyectos, con el objetivo de analizar el avance real de las obras y verificar la correspondencia entre los montos facturados y el porcentaje ejecutado.
Tras el último mandato de Nguema Obiang Mangue a GE-Proyectos y a la empresa supervisora para reevaluar los importes reclamados como pendientes de pago, se ha constatado una sobre facturación significativa que no se ajusta a la realidad técnica de los trabajos realizados.
En el caso del Colegio Piloto, el presupuesto inicial de 237 millones de francos CFA fue ajustado a 136 millones tras la revisión técnica con la empresa supervisora. El Colegio África pasó de 463 millones a 320 millones, mientras que el Colegio Sampaka registró la reducción más notable, de 769 millones a 109 millones de francos CFA, lo que evidencia una sobrevaloración con diferencia superior a 600 millones respecto a lo inicialmente presentado.
Como resultado de la revisión técnica de las facturas presentadas por las empresas Perma Service y Ecosege, el Estado ha evitado el pago de 904 millones de francos CFA correspondientes a los trabajos de rehabilitación de los colegios Colegio Piloto, Colegio África y Colegio Sampaka.
En este sentido, la segunda figura política del país ha autorizado el pago del monto real presentado, y se ha limitado estrictamente al volumen de obra efectivamente ejecutado y certificado.
Respecto a las empresas asignadas para la rehabilitación de las escuelas públicas del país, Nguema Obiang Mangue ha mandatado al Primer Ministro, a GE-Proyectos y al Ministerio de Obras Públicas convocar a todas las entidades para informarles de que, sin la presentación de una garantía bancaria válida y verificable, no se firmará ningún contrato ni se autorizará el inicio de nuevas obras.
Para el Gobierno, la medida busca proteger los recursos del Estado y evitar situaciones en las que algunas empresas incumplen compromisos, ejecutan trabajos de baja calidad o abandonan proyectos; garantizando de este modo que cada recurso público invertido se traduzca en infraestructuras seguras y funcionales para el país.
