El pasado 12 de febrero, el Juzgado de Instrucción N.º 3 de Malabo, presidido por el juez Cristino Mangué, condenó a Moisés Ngonde a seis meses de prisión y al pago de una multa de 2.500.000 francos CFA a favor del Tesoro Público, por un delito de exhibicionismo sexual frente a menores de edad.
Se trataba de una sentencia no firme, susceptible de recurso dentro del plazo legal establecido, lo que abría la posibilidad de que la defensa impugnara la decisión judicial mediante los mecanismos previstos por la ley.
No obstante, el abogado defensor de Moisés Ngonde (Chatina Suárez) , Salomón Ismael Ntutumu Ndong Menzen, decidió no seguir la vía del recurso ordinario. Según ha explicado el letrado en la entrevista, tras analizar la sentencia, consideró que un proceso de apelación podría prolongarse durante varios meses, lo que supondría que su defendido continuara privado de libertad durante ese tiempo sin una resolución definitiva.
En su lugar, la defensa optó por una estrategia contemplada en la legislación penal vigente, consistente en solicitar al juez la sustitución de la pena de prisión por una sanción económica. Esta figura jurídica está recogida en el artículo 76 del Código Penal, que permite a la autoridad judicial sustituir penas privativas de libertad por alternativas como trabajos comunitarios, multas o, en determinados casos, la expulsión del territorio.
A partir de esta base legal, el abogado presentó un escrito ante el juzgado solicitando formalmente la sustitución de la pena impuesta. En dicho escrito, argumentó que, por la naturaleza del delito y las circunstancias del caso, procedía aplicar esta medida alternativa.
El órgano judicial admitió la solicitud y dictó un auto en el que acordó sustituir la pena de seis meses de prisión por una multa de un millón de francos CFA, cuantía que debía ser ingresada en el Tesoro Público. Con esta decisión, la condena de prisión quedó sustituida por la sanción económica, en aplicación directa de la normativa vigente.
Según nos ha detallado el letrado, tras la emisión del auto judicial, se procedió al pago íntegro de la multa, y se presentó el justificante correspondiente ante el juzgado. Este paso resultaba necesario para que la autoridad penitenciaria pudiera ejecutar el mandamiento de libertad.
Sin embargo, el abogado ha explicado que, pese a haberse realizado el pago, la salida efectiva del centro penitenciario se retrasó debido a un requisito administrativo: la confirmación oficial del ingreso por parte del Tesoro Público. Este documento era imprescindible para que la administración penitenciaria autorizara la excarcelación del interno.
Finalmente, dicha confirmación fue entregada y, conforme a lo establecido por el juez en su auto, se procedió a emitir el mandamiento de libertad. Según el abogado, este proceso concluyó en torno al 16 de marzo, fecha a partir de la cual Ngonde debía haber sido puesto en libertad.
No obstante, Ntutumu Ndong Menzen ha señalado que la excarcelación se demoró algunos días adicionales debido a trámites administrativos internos del centro penitenciario. Superado este obstáculo, y una vez cumplidos todos los requisitos legales, Moisés Ngonde recuperó finalmente su libertad el pasado martes, 1 de abril.
En relación con las demás responsabilidades derivadas de la sentencia, el abogado ha precisado que existen dos dimensiones en todo proceso penal: la penal y la civil. Mientras que la primera ya ha sido sustituida mediante la multa, la segunda relativa a indemnizaciones y reparaciones a las víctimas permanece vigente y puede ser exigida por las partes interesadas, ya sea la fiscalía o los afectados.
Finalmente, el abogado ha aclarado que todo el procedimiento se ha llevado a cabo conforme a derecho, con la intervención del juez competente, quien dictó las resoluciones correspondientes en base a la legislación vigente y a las solicitudes presentadas por la defensa.
