La Comisión Especial de Investigación que investigaba presuntas irregularidades en la Corte Suprema de Justicia ha presentado este miércoles, 2 de Julio al vicepresidente de la República, Nguema Obiang Mangue, el informe final de la auditoría practicada a la Presidencia del Poder Judicial, en el que se detallan presuntas irregularidades económicas, financieras y administrativas registradas durante el periodo investigado.
De acuerdo con las conclusiones del informe, la auditoría detectó un presunto desvío de más de 600 millones de FCFA, además de alrededor de 370 millones de FCFA en gastos que no habrían sido debidamente justificados. La comisión también señala posibles casos de abuso de poder, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
El documento expone igualmente deficiencias en la gestión de las cuentas bancarias, la gobernanza institucional, la administración económica y financiera, la gestión de las nóminas salariales y el manejo de la caja chica. Todas estas actuaciones son atribuidas a la gestión del presidente del Poder Judicial, Francisco Evuy Nguema Mikue.
Otro de los aspectos destacados por la auditoría es que la Corte Suprema de Justicia habría asumido la ejecución de sentencias dictadas por distintos juzgados del país, una función que, según la comisión, no le correspondía. El informe añade que numerosas ejecuciones no fueron liquidadas en su totalidad y relaciona esta situación con la decisión de centralizar las cuentas bancarias de los órganos jurisdiccionales en una única cuenta bajo el control de la Presidencia del Poder Judicial.
Ante estas conclusiones, la Comisión Especial de Investigación recomienda restituir a cada órgano jurisdiccional sus competencias administrativas y financieras, reabrir las cuentas bancarias individuales para garantizar su funcionamiento ordinario y exigir la justificación de más de 300 millones de FCFA correspondientes a gastos pendientes de aclaración.
En relación con Hilario Ballovera Casaña, el informe recomienda remitir el expediente a las autoridades competentes para que se adopten las medidas legales oportunas, al considerar que presuntamente retuvo parte del dinero derivado de una sentencia favorable a antiguos trabajadores de ALGOA.
Asimismo, la comisión propone recuperar para el Tesoro Público los salarios que considera fueron abonados de forma indebida durante el periodo investigado y emprender acciones legales contra los presuntos responsables en caso de incumplimiento de las recomendaciones formuladas.
