La decisión ha sido adoptada este viernes, 3 de Julio durante una reunión informativa celebrada en la Presidencia del Gobierno, en la que han participado el Primer Ministro del Gobierno, el Ministro de Estado de Seguridad Nacional, el Ministro Secretario General de la Presidencia y el Fiscal General de la República.
De acuerdo con el informe presentado por la comisión, las principales irregularidades detectadas se concentran en cuatro áreas: el pago de salarios considerados ilegales, deficiencias en la gestión de la caja chica, gastos sin la debida justificación y presuntas sobre facturaciones en los costes de organización de las aperturas de los años judiciales. Estas prácticas habrían ocasionado un perjuicio económico superior a los 502 millones de francos CFA.
La auditoría fue ordenada tras las denuncias presentadas por jueces y magistrados sobre la presunta mala administración de los fondos de la Corte Suprema. Según las conclusiones preliminares del informe, los hallazgos apuntan a posibles casos de abuso de poder, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, entre otras presuntas irregularidades.
Durante el encuentro, Francisco Evuy Nguema Mikue respondió a parte de las observaciones contenidas en el informe y solicitó un plazo adicional para reunir la documentación que, según sostuvo, permitirá respaldar sus explicaciones.
En consecuencia, la comisión ha accedido a concederle siete días para presentar las justificaciones correspondientes. Una vez concluido ese plazo, las autoridades evaluarán la documentación aportada y determinarán las actuaciones que procedan en relación con los más de 502 millones de francos CFA observados por la auditoría. Según la información oficial, la reunión transcurrió en un ambiente de entendimiento entre las partes.
