La ministra de Igualdad de Género y Asuntos Sociales, María Consuelo Nguema Oyana, ha dirigido un mensaje a las familias de Guinea Ecuatorial con motivo de la entrada en vigor de la Orden Ministerial número 1/2026, de fecha 12 de agosto, dictada por el Ministerio de Seguridad Nacional en colaboración con los departamentos de Igualdad de Género y Asuntos Sociales; Educación, Ciencia, Juventud y Deportes; e Interior y Administración Territorial.
La disposición desarrolla medidas complementarias para el cumplimiento del Decreto número 147/2023, de 29 de noviembre, relativo a la protección de los menores en la República de Guinea Ecuatorial. Según ha señalado la ministra, el objetivo de estas medidas es preservar el interés superior de los niños y evitar situaciones que puedan afectar a su desarrollo emocional, educativo y social.
En su comunicado, Nguema Oyana ha advertido sobre prácticas que, bajo determinadas circunstancias, pueden exponer a los menores a formas de explotación laboral. Entre ellas se encuentran su utilización organizada en actividades comerciales en calles, mercados o establecimientos, así como la mendicidad en la vía pública.
La normativa también establece que los menores deben quedar al margen de actividades como el lavado clandestino de vehículos en calles, estaciones, centros comerciales y otros espacios públicos. Del mismo modo, se prohíbe su participación en labores de transporte, como carretilleros en mercados o centros comerciales, así como su utilización como ayudantes de taxistas y en actividades similares.
Otra de las situaciones contempladas está relacionada con el abandono y la permanencia de menores sin la supervisión de un adulto con capacidad de obrar. Las medidas incluyen igualmente a los menores que deambulen por las calles a partir de las 22:00 horas sin estar acompañados por sus padres, tutores o responsables.
La ministra ha subrayado que la protección de la infancia requiere también fortalecer las capacidades de las familias y promover modelos de cuidado que favorezcan la educación temprana, el desarrollo emocional y la estabilidad del entorno familiar.
El Gobierno sostiene que estas disposiciones se enmarcan en las obligaciones establecidas tanto por la legislación nacional como por las convenciones internacionales sobre los derechos de la infancia. En este sentido, el Ministerio de Igualdad de Género y Asuntos Sociales ha apelado a la responsabilidad de las familias para prevenir situaciones que puedan comprometer el bienestar y el desarrollo integral de los menores.
Concluido el plazo de diez días establecido para la entrada en vigor de la Orden Ministerial, el departamento ha recordado que el incumplimiento de las prohibiciones dará lugar a la intervención de las autoridades y a la aplicación de las consecuencias previstas en el Decreto número 147/2023 sobre protección de menores.
