Durante la inspección, los responsables de la comisión examinaron la documentación académica y administrativa presentada por el establecimiento. Según las comprobaciones realizadas y las valoraciones de los facultativos consultados, uno de los títulos aportados sería presuntamente falso y no acreditaría la cualificación profesional que figura en los registros sanitarios.
La documentación habría generado además una contradicción relevante: mientras el título presentado identifica al responsable como auxiliar, la autorización sanitaria lo reconoce como doctor. El expediente incluye igualmente una homologación del Ministerio de Educación vinculada al título cuestionado.
La investigación se ha extendido al procedimiento mediante el cual fue obtenida dicha autorización. Según la versión recogida por la comisión durante las actuaciones, el responsable del establecimiento habría reconocido haber entregado 600.000 francos CFA a Faustino Ncogo Edu, funcionario del departamento de Archivo del Ministerio de Sanidad, con el propósito de gestionar la autorización sanitaria.
De acuerdo con las mismas averiguaciones, Ncogo Edu habría recurrido posteriormente a contactos dentro de la Dirección General de Coordinación Hospitalaria para impulsar la tramitación del documento. El procedimiento habría culminado con la expedición de una autorización cuya firma ministerial también ha quedado bajo sospecha y cuya autenticidad deberá ser determinada por la investigación.
La comisión pretende esclarecer asimismo el destino del dinero. Según lo expuesto durante las actuaciones, los 600.000 francos no figurarían como un ingreso efectuado en las arcas del Estado por concepto de tasas o trámites administrativos, sino que presuntamente habrían sido entregados a personas vinculadas al proceso de gestión.
El hallazgo se produce en el contexto de una campaña de inspecciones sanitarias desplegada en Malabo desde el pasado mes de julio. Las autoridades han venido revisando, entre otros aspectos, las autorizaciones de funcionamiento, la titulación del personal, la homologación de títulos extranjeros y las condiciones en las que operan los establecimientos.
Ante la dimensión del caso, el presidente de la comisión, el doctor Victoriano Nsue, ha convocado una reunión urgente con funcionarios de los departamentos relacionados con la tramitación de las autorizaciones. Durante el encuentro, advirtió de que cualquier actuación irregular dentro del procedimiento administrativo puede comprometer tanto la legalidad de las autorizaciones como la seguridad sanitaria de la población.
La comisión ha planteado la necesidad de determinar las responsabilidades individuales que pudieran derivarse de estas actuaciones. Si las investigaciones confirman la participación de funcionarios en prácticas contrarias a la normativa, deberán responder por sus actos conforme a la ley, sin descartarse medidas administrativas, incluida la separación de la Administración Pública.
