La Comisión arriba mencionada ha culminado la fase de comisiones del proyecto de la nueva Ley de Libertad de Prensa y del Ejercicio del Periodismo, tras aprobar por consenso el acta y el dictamen definitivos del texto. Los trabajos se han desarrollado bajo la moderación de la presidenta del Senado, Efua Asangono.
La conclusión de esta fase se produce después de la comparecencia de una Delegación del Gobierno, encabezada por el ministro de Información, Prensa, Cultura y Turismo, Juan José Ekuna Esono Mangue, durante la cual los senadores plantearon y despejaron distintas cuestiones relacionadas con la aplicación de la futura normativa.
Entre los asuntos abordados figuraron el encaje de los medios y profesionales que desarrollan su actividad en el entorno digital, la delimitación de competencias con el Órgano Regulador de las Telecomunicaciones (ORTEL) y las garantías profesionales de quienes ejercen el periodismo.
Una normativa adaptada a la era digital
El texto validado por la comisión incorpora modificaciones orientadas a adaptar el ejercicio del periodismo a las nuevas formas de comunicación y a reforzar las garantías de los profesionales de la información.
Uno de sus principales ejes es la adecuación a la era digital, mediante una delimitación más precisa del objeto de la ley. El proyecto contempla que los profesionales que desarrollan su actividad en soportes digitales y audiovisuales dispongan de las mismas protecciones y estén sujetos a los correspondientes deberes deontológicos, sin entrar en la regulación del mercado empresarial audiovisual.
Otro de los aspectos destacados es el refuerzo de las garantías profesionales, especialmente en materia de secreto profesional y protección de las fuentes de información. El texto incorpora además la cláusula de conciencia, vinculada al marco establecido por la legislación laboral y de los funcionarios civiles.
El acceso a la información pública
El proyecto también establece el derecho de acceso a la información pública como uno de los pilares de la transparencia administrativa. Para ello, estructura este derecho mediante plazos definidos, excepciones concretas y mecanismos de recurso.
La propuesta busca establecer así un marco formal para las solicitudes de información dirigidas a las administraciones públicas, determinando tanto las condiciones de acceso como los supuestos en los que este derecho puede quedar limitado.
Delimitación de competencias entre Información y ORTEL
Otro de los puntos abordados durante la tramitación ha sido la relación competencial entre el Ministerio de Información y el ORTEL.
El texto clarifica la cooperación entre ambas instituciones, atribuyendo al Ministerio de Información las cuestiones relacionadas con la idoneidad editorial y deontológica, mientras que el ORTEL mantiene las competencias técnicas vinculadas a la gestión del espectro radioeléctrico, de acuerdo con la legislación en materia de telecomunicaciones.
Un Colegio de Periodistas con autonomía funcional
La propuesta legislativa contempla asimismo la creación de un Colegio de Periodistas de Guinea Ecuatorial, concebido como una corporación de derecho público con autonomía funcional.
Según el texto aprobado por la comisión, esta institución quedaría desvinculada jerárquicamente de la Administración ministerial y tendría entre sus objetivos la organización y prestación de servicios destinados a los profesionales del periodismo, en el marco de la colegiación.
Con la aprobación del acta y del dictamen definitivo, la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Información y Deporte da por concluida su participación en esta fase de la tramitación legislativa.
La documentación será trasladada ahora al Pleno del Senado, órgano encargado de continuar el proceso y someter el proyecto a aprobación.
