Se trata del segundo encuentro celebrado en lo que va de año para abordar, entre otras cuestiones, la deuda acumulada por las entidades públicas con SEGESA y la programación de los pagos correspondientes al consumo eléctrico.
Durante la sesión, el director general de SEGESA ha presentado el estado de las obligaciones pendientes, constatando que algunas entidades ya han efectuado sus pagos, mientras que otras continúan sin regularizar su situación. También se ha puesto de manifiesto la ausencia de determinados responsables en los encuentros convocados para buscar soluciones a esta problemática.

Las entidades participantes han tenido la oportunidad de exponer sus dificultades, presentar sugerencias y aclarar las dudas relacionadas con sus compromisos financieros.
Ante esta situación, el Primer Ministro ha advertido de que el Gobierno podría recurrir a la detracción directa de las subvenciones de aquellas entidades que no cumplan con sus obligaciones frente a SEGESA. Para facilitar el seguimiento, se ha recomendado establecer una clasificación de los clientes según su situación de pago y capacidad de solvencia, favoreciendo acuerdos que permitan regularizar las deudas.
Asimismo, se ha planteado la necesidad de que SEGESA valore mecanismos de compensación por los perjuicios ocasionados por las interrupciones del suministro eléctrico.

Como siguiente paso, las partes disponen de una semana y media para alcanzar acuerdos concretos. Y posteriormente, se celebrará una tercera reunión en la que se evaluarán los resultados y se adoptarán decisiones definitivas en aquellos casos donde no se hayan logrado soluciones.
El cumplimiento de las obligaciones tributarias ha constituido el segundo gran apartado de la reunión. Según los datos expuestos por el Ministerio de Hacienda, las entidades que pagan regularmente sus impuestos siguen siendo una minoría, lo que ha llevado al Ejecutivo a exigir una mayor responsabilidad fiscal.
En este sentido, el Primer Ministro ha lanzado una advertencia clara: a partir del 1 de enero de 2027, no se efectuarán pagos a las entidades que no hayan organizado y regularizado su contabilidad, sus obligaciones fiscales y toda la documentación exigida legalmente.
La reunión también ha permitido examinar las obligaciones sociales de las entidades. En este apartado, se ha solicitado al INSESO que presente una relación de aquellas que mantienen impagos de las cotizaciones correspondientes a sus empleados. Igualmente, se ha abordado la situación de los trabajadores cuyos contratos aún no están debidamente regularizados.
El tercer eje de la sesión ha sido la reestructuración de las entidades públicas. El Gobierno ha recordado que las medidas adoptadas en este proceso son de obligado cumplimiento y ha expresado su preocupación por las actuaciones que se apartan de las directrices establecidas.
El Ministerio de Hacienda ha señalado que el nuevo enfoque del comité de reestructuración busca el saneamiento fiscal y la sostenibilidad de estas entidades.

El mensaje trasladado por el Primer Ministro es que las entidades públicas deben asumir sus responsabilidades financieras, cumplir sus obligaciones legales y aplicar las medidas de reestructuración, en un esfuerzo por consolidar una gestión sostenible y orientada a resultados.



