La aprobación de esta ley, junto con la reciente Ley de Minas, culmina la modernización del marco regulatorio de las industrias extractivas del país, alineándolo con los objetivos de diversificación económica contemplados en el plan nacional PNDES-Horizonte 2035.
Durante su intervención de agradecimiento ante la Cámara Alta, el Ministro Delegado de Hidrocarburos, Minas y Electricidad encargado del Contenido Nacional, Domingo Mba Esono, presentó las cinco directrices estratégicas que articulan la ley:
- Ampliar: Flexibilización de los modelos de contratación para adaptarlos a distintas tipologías de riesgo y un impulso decidido al aprovechamiento industrial del gas natural y la petroquímica.
- Proteger: Inclusión de cláusulas de estabilidad jurídica y reequilibrio económico para asegurar las inversiones extranjeras a largo plazo mediante arbitraje internacional neutral.
- Equilibrar: Modulación de las regalías y la participación del Estado según las particularidades técnicas y económicas de cada yacimiento, permitiendo la viabilidad de proyectos complejos.
- Incluir: Refuerzo de las exigencias de Contenido Nacional, obligando a las empresas operadoras a garantizar la preferencia en el empleo local, la transferencia de tecnología y la contratación de PYMES ecuatoguineanas.
- Cuidar: Creación del Fondo Nacional de Monitoreo Ambiental para una supervisión continua de la huella ecológica y el establecimiento de mecanismos financieros transparentes para el abandono de campos depositados en el BEAC.
Respaldo parlamentario y compromisos de transparencia
La reforma contó con el respaldo del Grupo Parlamentario del PDGE, cuyo portavoz subrayó el papel histórico del sector hidrocarburos en la financiación de las infraestructuras clave y el desarrollo del país bajo la visión de Obiang Nguema Mbasogo. Por su parte, el Grupo Parlamentario de la Coalición sumó su voto favorable destacando el carácter soberano y moderno de la norma, al tiempo que instó al Ejecutivo a velar por una reglamentación adecuada que equilibre la competitividad fiscal con el desarrollo formativo real de los técnicos locales.
En respuesta a la Cámara, el Gobierno asumió dos compromisos de transparencia sin precedentes: la remisión previa de los contratos modelo al Senado para su verificación y la comparecencia periódica voluntaria del Ministerio para rendir cuentas sobre las inversiones atraídas, los contratos firmados y el empleo nacional generado.
