La concesión de una autorización de diez años de vigencia a la empresa Bettomax ha situado al entonces ministro de Turismo, Rufino Ndong Esono Nchama, en el centro de las investigaciones anunciadas por el vicepresidente, quien considera que ese tipo de permiso no está reconocido por la Administración.
En un mensaje publicado este viernes 6 de noviembre en su cuenta oficial de X, Nguema Obiang Mangue ha informado de que las investigaciones sobre las nueve casas de apuestas que operan en el país han detectado presuntas irregularidades fiscales, administrativas y laborales. Según los datos expuestos, cinco de estas empresas habrían desarrollado sus actividades al margen de la legalidad, con evasiones fiscales y empleados sin contratos de trabajo.
El vicepresidente ha recordado que la legislación nacional únicamente reconoce tres modalidades de establecimientos de apuestas: tómbolas, casinos y loterías. Por ello, ha señalado que las plataformas que operaban exclusivamente por internet carecían de cobertura legal. También ha indicado que algunas empresas ejercían su actividad sin las correspondientes licencias.
Entre los casos expuestos figura el de 1XBET, a la que se atribuye la transferencia al extranjero de aproximadamente 4.234 millones de dólares estadounidenses. Estas operaciones se habrían realizado mediante el traslado de dinero en efectivo a través de Camerún, con la intervención de un ciudadano maliense identificado como Mamadou Mayga, conocido como BABA, así como mediante criptomonedas hacia otros países.
En cuanto a Bettomax, el vicepresidente ha cuestionado la autorización de diez años concedida a la empresa, al considerar que la Administración no reconoce esa modalidad de permiso. Esta circunstancia ha llevado a centrar parte de las investigaciones en la actuación del entonces responsable del departamento de Turismo.
Como medida provisional, Nguema Obiang Mangue ha anunciado la suspensión temporal de las nueve casas de apuestas hasta que concluyan las investigaciones. Las empresas deberán hacer frente al pago de las tasas fiscales pendientes y responder por las demás irregularidades que se les atribuyen.
