El informe de los expedientes de los ciudadanos presentado por la defensoría del pueblo en la cámara alta del parlamento nacional que dirige Teresa Efua Asangono recoge peticiones de promover protección a los derechos y libertades recogidos en la Ley Fundamental, las consultas, peticiones de asistencia presencial a través del servicio de orientación al ciudadano.
Reginaldo Egido Panadéz ha señalado un total de 116 quejas de los ciudadanos y la mayoría de ellas están dirigidas a la gestión de la Empresa Nacional de Promoción Inmobiliaria (ENPIGE), en la adjudicación de las viviendas sociales. También se destaca la reclamación del pago de indemnizaciones por finiquito laboral y la falta de respeto a la propiedad privada y disputa de terrenos.
El Defensor del pueblo denuncia también el término de “seguimiento de expediente” en diferentes departamentos ministeriales y el silencio administrativo, el cuál crea problemas a los usuarios, para ello, ha solicitado una colaboración interinstitucional.
Egido Panadéz ha lamentado el alza de la delincuencia juvenil en el país, así como la falta de actuaciones justas de algunos jueces en el pronunciamiento de las sentencias. Insistió en la organización de las sesiones de la comisión mixta para luchar contra las carencias administrativas.
El Ombudsman ha reconocido el bajo porcentaje de remisión de expedientes a este órgano, en comparación a los años precedentes, relacionándolo con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
