Después de tres días de vistas orales sobre el caso SEGESA en la audiencia provincial de Bioko Norte bajo la presidencia de Crisantos Ondo Nvo, en el que acusaban al exdirector Nicolás Nguema Bibang por malversación de caudales públicos, fraude y abuso de autoridad, ayer martes tocaba presentar las pruebas por la defensa para aclarar el paradero de 540 millones en concepto de gastos imprevistos dentro del proyecto INDRA.
Los abogados trajeron una caja llena de documentación, facturas, contratos y extractos bancarios que justifican, según la defensa, que no hubo defraudación alguna.
“La auditoría tuvo oportunidad de acudir a los bancos y a la Tesorería General del Estado para obtener esta información, sin embargo no lo hizo. Nuestro representado en aquel momento fue cesado, detenido y no se le dio oportunidad de coordinar con la auditoria y facilitar todas las piezas”, dijo la defensa.
Aunque el Ministerio Público rechazaba a la primera dichas pruebas, mientras la comisión jurídica de abogados del Estado validaba el informe pericial determinante para sostener la acusación, y tras la presentación de otras pruebas, la Fiscalía decidió retirar la acusación contra Nicolás Nguema.
“Si de verdad se quiere exigir responsabilidad se debería exigir a todos los miembros del consejo de administración, hacerlo a un subordinado del consejo de administración cuando los estatutos establecen claramente sus funciones y del director general, como garantes de la ley la persona que viene siendo acusada no debe seguir siendo acusada, por eso retiramos la acusación”, dijo el fiscal.
Los abogados del estado igualmente han retirado la acusación por los siguientes motivos:
“Tras analizar el expediente con las pruebas periciales, testificales y documentales obrantes en los autos, así como las declaraciones realizadas por los miembros del consejo de administración, sumadas las evidencias manejadas en el presente juicio oral y público, consideramos oportuno retirar la acusación contra el procesado. No por ausencia de supuestas conductas delictivas, sino porque nos resulta difícil exigir responsabilidad civil al imputado en calidad de representante del órgano de ejecución de las ordenes que emanaban del consejo de administración, las cuales han estado ausentes en este proceso”, dijo el abogado del Estado, Francisco Moro Nve.
