El primer expediente analizado, fue el de la queja presentada por un grupo de empleados de multiservicios Guinea Ecuatorial, que reclaman las liquidaciones, calculadas en 38 millones de francos, según una sentencia de la magistratura de trabajo del 2019. La responsable de la empresa, presentó un recurso de súplica ante el mismo órgano judicial, alegando que los demandantes no eran sus empleados, además de querer desvincularse, afirmando que eran empleados, aunque el papeleo presentado confirmó que presidia la firma. Después de escuchar las partes, el presidente de la Cámara de los Diputados compuso una comisión ad hoc para mediar entre las partes, teniendo en cuenta que obra una liquidación de 7 millones practicada por el órgano judicial.
La comisión analizó también el caso de Carina Andeme, quien declaró que su vehículo fue destrozado en 2017 en un accidente en el que resultó culpable el coche de la firma Kitea, y el jefe personal se comprometió a repararlo, además de entregarla unos 600 mil francos para gastos de transporte. En este caso, se supo que en la entrega de vehículo, la reclamante lo reusó al constatar que no reunía condiciones y Kitea se comprometió a comprarla un nuevo coche que hasta la fecha no ha recibido. El representante de la firma solicitó más tiempo para responder a la demanda.
También se deliberó sobre el caso presentado por los abogados del nigeriano, Daniel Achawhong, quien declara que depositó un vehículo en un taller, debiendo pagar 480 mil francos, adelantó 265 mil francos para la compra de las piezas antes de viajar al país, sin embargo, al regresar encontró que el vehículo ya era una chatara. Cuenta a su favor de una sentencia que condena al taller el contravalor y una indemnización. Por su parte, Alfonso Ribusca, dueño del taller, alega que el reclamante abandonó el coche y tampoco pagó todas las piezas. Los diputados decidieron convocar al mismo nigeriano para aclarar la situación.
