Se trata de una ley esencial en nuestro país que regula las técnicas de reproducción asistida, la maternidad subrogada y que promueve un acceso equitativo y sostenible a los servicios de salud sexual y reproductiva para los diferentes grupos de la población.
Como ha explicado el Ministro de Sanidad y Bienestar Social, Diosdado Vicente Nsue Milang, “el Gobierno preocupado por el bienestar de sus ciudadanos establece en esta Ley las condiciones para que las decisiones en materia de paternidad y maternidad se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen, servicios de atención sanitaria, asesoramiento y/o información”.
La Ley contempla, entre otros aspectos, el derecho a la planificación familiar y se regulan cuestiones como los servicios de anticoncepción y el aborto terapéutico, así como, el derecho a la esterilización informada y voluntaria (vía ligadura de trompas o vasectomía). También se regula la atención integral de la salud de las mujeres, incluyendo la información, prevención y tratamiento del cáncer ginecoobstétrico y de la fístula obstétrica y se penaliza la mutilación genital.
Respecto al derecho de las parejas al acceso a tecnologías de reproducción asistida -mediante un proceso de atención integral- la Ley establece los requisitos de los centros y servicios de reproducción asistida, regulariza la donación de gametos y preembriones como una donación que nunca tendrá carácter lucrativo o comercial y establece las condiciones de la gestación por substitución, entre otros aspectos.
