Desde las 14h a las 17h, en la sala de reuniones del restaurante L’oriental, el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación (MHEP), junto con el Grupo del Banco Mundial y otros actores gubernamentales del país, han organizado un webinario mediante el cuál, esta entidad financiera internacional ha presentado los resultados del diagnóstico que realizó en el país en el mes de diciembre del 2019. A través de estos resultados y recomendaciones, el BM también ha presentado al gobierno la prestación de una asistencia técnica para la elaboración de una nueva ley de contratación pública y su reglamento más moderno y adaptado al contexto económico actual.
Este webinario, que ha sido codirigido por Alice R. Ouedraogo, Coordinadora País del Banco Mundial y Magdalena Ava Bosoka, Directora General de Estudios, Contratos y Mercados del Estado, en representación del MHEP y el gobierno de Guinea Ecuatorial, ha sido marcado de satisfactorio para el país en contar con el apoyo del Banco Mundial en la elaboración de una nueva hoja de ruta para elaborar el código/ley de adquisición o contratación para la administración pública, como uno de los motores esenciales de desarrollo, estructuración territorial y social, así como de prestación de servicios.
De ahí, que las leyes que afectan la contratación de cualquier obra o servicios sean estrictas y se modifiquen constantemente en la búsqueda del mejor control de sus procesos administrativos. Durante el desarrollo del encuentro, también han abordado el marco legislativo, regulatorio y de políticas de contratación pública y sus operaciones y las prácticas del mercado, además de la rendición de cuentas, integridad y transparencia del sistema de contratación pública.
La contratación del sector público, que es la actividad que comprende la preparación, adjudicación, efecto, cumplimiento y extinción de aquellos contratos onerosos en los que al menos una de las partes sea persona jurídico-pública o, en general, una entidad del sector público, garantiza los principios de libre acceso a la licitación; los principios de publicidad y transparencia del procedimiento de contratación; y el principio de igualdad de trato. Así mismo, se busca la aplicación del principio de eficiencia en el gasto público, de manera que se exige la definición previa de la necesidad a cubrir, la competencia entre los licitadores, y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
