La Fiscalía de Francia ha pedido 7 años de prisión contra el expresidente francés, Nicolas Sarkozy por presunta financiación de Libia a la campaña electoral que le llevó al poder en 2007. Se trata de la petición más dura solicitada contra los doce acusados en este proceso que comenzó el pasado día 6 de enero, y en el que el Ministerio Público considera que los hechos han quedado probados.
El Fiscal, Quentin Dandoy ha insistido en la «implicación total» de Sarkozy en el montaje de la supuesta financiación irregular de su campaña durante la audiencia ante el Tribunal Correccional de París. Dandoy ya subrayó el pasado martes que el expresidente fue el que verdaderamente «ordenó y encargó» en 2005, lo que califica de «pacto de corrupción» con el régimen del entonces líder libio, Muamar Gadafi, para que le financiara la campaña de las presidenciales que le llevaría al Elíseo en 2007.
Dandoy ha admitido que Sarkozy no dejó pruebas directas de esa implicación personal, pero lo justificó precisamente porque «todo estaba pensado para que no apareciera». El sumario y el juicio han evidenciado «la existencia de un conjunto de indicios» que permiten «caracterizar» los delitos por los que está inculpado y por los que pidió al Tribunal que lo condene.
Entre las principales pruebas que dio, destacó «la omnipresencia del agente de corrupción que era Ziad Takieddine» en la relación que Sarkozy estableció con el régimen de Gadafi tras ser nombrado Ministro de Interior en junio de 2005, en lugar de utilizar los canales diplomáticos y oficiales entre los dos países.
La Fiscalía también subraya el hecho de que, para cerrar el supuesto acuerdo con el líder de Libia para que aportara fondos a su campaña, utilizó a sus dos máximos colaboradores, que eran Claude Guéant (entonces el Jefe de su Gabinete) y Brice Hortefeux (Secretario Estado en su Ministerio).
Nicolas Sarkozy está siendo procesado por corrupción, recepción de fondos públicos robados, financiación ilegal de campañas y conspiración criminal, se enfrenta entre 7 y 10 años de prisión y a una multa de 375.000 euros, así como a hasta cinco años de inhabilitación para ejercer el derecho al voto.
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